Capítulo 20. La creación del Grupo de Trabajo GT-53.
Sala de reuniones del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, donde se celebraron las reuniones del Grupo de Trabajo GT-53 Autocaravanas.
Tras la aprobación de la moción autocaravanista en el Senado el 9 de mayo de 2006, correspondía al Gobierno de España comenzar a desarrollar las actuaciones necesarias para dar cumplimiento al mandato político surgido de la Cámara Alta.
Como ya se ha explicado en el capítulo anterior, la moción instaba al Ejecutivo a actuar en distintos ámbitos administrativos relacionados con el autocaravanismo. Entre las medidas contempladas en aquella iniciativa destacaba especialmente la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.
Este grupo de trabajo tenía como objetivo estudiar la situación del autocaravanismo en España desde la perspectiva de la autocaravana como vehículo, analizar los problemas que se estaban produciendo en relación con su circulación, estacionamiento y utilización en el espacio público, y proponer posibles medidas que contribuyeran a mejorar su encaje dentro del marco normativo existente.
Fue así como comenzó a tomar forma el que posteriormente sería conocido como Grupo de Trabajo GT-53 Autocaravanas.
La creación de este grupo representaba un paso importante dentro del proceso iniciado en el Senado, ya que suponía abrir por primera vez un espacio de diálogo técnico entre la administración del Estado y los distintos sectores relacionados con el autocaravanismo.
La presidencia del grupo de trabajo recaía en Anna Ferrer Giménez, directora del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.
En el ámbito técnico participaban responsables de la DGT, entre ellos el subdirector de normativa Ramón Ledesma Muñiz y Francisco de las Alas Pumariño Linde, que formaban parte del equipo encargado de analizar las cuestiones normativas relacionadas con el autocaravanismo.
Como garante político del cumplimiento del mandato aprobado por las Cortes Generales participaba también la senadora Ana María Chacón Carretero, impulsora de la moción autocaravanista aprobada en el Senado el 9 de mayo de 2006.
Asimismo, en el grupo de trabajo participaban representantes de distintas administraciones públicas y organismos relacionados con la movilidad y la seguridad vial, entre ellos un alto responsable de la Guardia Civil de Tráfico, cuya presencia resultaba especialmente relevante debido a su papel en la vigilancia y aplicación de la normativa de circulación en las carreteras españolas.
El GT-53 se configuró así como un espacio de trabajo institucional en el que estaban representadas diferentes administraciones públicas y organizaciones relacionadas con el sector.
En él participaban representantes de la Administración General del Estado, a través de distintos ministerios implicados en la materia, así como representantes de administraciones autonómicas, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), representada a través de un miembro de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), y de diferentes organizaciones del sector de las autocaravanas.
Entre estas últimas se encontraban asociaciones de usuarios de autocaravanas, organizaciones profesionales del sector, asociaciones empresariales vinculadas a la fabricación, distribución y aseguradoras de estos vehículos, así como entidades relacionadas con la gestión de infraestructuras viarias y servicios vinculados a la movilidad.
De esta forma, el grupo reunía en una misma mesa a actores institucionales y representantes del sector con el objetivo de analizar la situación del autocaravanismo desde diferentes perspectivas.
La iniciativa partía de la Dirección General de Tráfico, organismo dependiente del Ministerio del Interior, que asumía la coordinación de los trabajos dentro del ámbito de sus competencias.
El grupo se integraba dentro de la estructura del Observatorio del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial, órgano consultivo en el que participan distintas administraciones públicas, instituciones y entidades relacionadas con la movilidad y la seguridad vial en España.
La creación del GT-53 representaba, en la práctica, el inicio de una nueva fase en el proceso que se había iniciado meses atrás con la presentación de la moción autocaravanista en el Senado.
Por primera vez, la problemática relacionada con el uso de las autocaravanas comenzaba a ser tratada de manera formal dentro de un órgano de trabajo de la administración del Estado.
Hasta ese momento, la situación del autocaravanismo en España había estado marcada por una notable falta de claridad normativa y por la existencia de interpretaciones muy diversas por parte de distintas administraciones, especialmente en lo referente al estacionamiento y la circulación de estos vehículos.
Esta situación había generado numerosos conflictos en diferentes municipios, donde, debido a diversas interpretaciones del Reglamento General de Circulación y de las leyes autonómicas de acampada, comenzaban a aparecer ordenanzas y regulaciones que limitaban o prohibían el uso de las autocaravanas como vehículo en determinados espacios.
La creación del GT-53 abría así la posibilidad de abordar estos problemas desde una perspectiva más amplia, analizando la experiencia existente en otros países europeos y estudiando posibles soluciones que permitieran normalizar la práctica del autocaravanismo en España.
En aquellos momentos existía una cierta expectativa dentro del sector.
Muchos pensaban que aquel grupo de trabajo podría contribuir a clarificar la situación jurídica de las autocaravanas y a establecer criterios que ayudaran a las distintas administraciones públicas a gestionar de forma más coherente esta actividad.
Sin embargo, como suele ocurrir en muchos procesos de este tipo, la puesta en marcha de un grupo de trabajo no significa necesariamente que los problemas vayan a resolverse de manera rápida o sencilla.
La realidad es que los asuntos relacionados con el autocaravanismo en toda su extensión, no solo como vehículo, implicaban competencias de distintas administraciones y requerían la participación de organismos muy diversos.
A pesar de ello, la creación del GT-53 representaba un avance significativo.
Por primera vez, el autocaravanismo entraba de forma oficial en la agenda de trabajo de la administración del Estado.
Lo que había comenzado como una reivindicación de un colectivo relativamente pequeño de usuarios había conseguido abrir un espacio de diálogo dentro de las instituciones públicas.
Un espacio que permitiría, al menos en teoría, estudiar con mayor profundidad la situación del autocaravanismo en España y analizar posibles soluciones a los problemas que venían planteándose desde hacía años.
Sin embargo, como se comprobaría poco tiempo después, el funcionamiento del grupo de trabajo y el desarrollo de sus reuniones no estaría exento de dificultades.
De hecho, muy pronto, y como ya había ocurrido durante todo el proceso de la moción en el Senado, comenzarían a aparecer diferencias de criterio, tensiones entre algunos de los participantes y distintas interpretaciones sobre el alcance que debían tener los trabajos del grupo y sobre quién o quiénes debían representar a los usuarios.
Para una descripción más detallada de aquel momento puede consultarse el siguiente artículo publicado en el blog:
La creación del grupo de trabajo GT-53
Pero antes de que esos problemas comenzaran a manifestarse, el primer paso era poner en marcha el propio grupo de trabajo y convocar su primera reunión.
Una convocatoria que marcaría el inicio efectivo de los trabajos del GT-53 Autocaravanas.
Y eso es precisamente lo que veremos en el siguiente capítulo.
En él abordaremos la convocatoria de la primera reunión del grupo de trabajo y las expectativas que se generaron en torno a aquel nuevo espacio de diálogo entre el sector autocaravanista y la administración del Estado.

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