Capítulo 19. Después del Senado: comienza la ejecución de los acuerdos.
Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno de España. Tras la aprobación de la moción autocaravanista en el Senado, correspondía ahora al poder ejecutivo desarrollar los acuerdos adoptados por la Cámara Alta.
La aprobación de la moción autocaravanista en el Senado el 9 de mayo de 2006 marcó un momento histórico para el autocaravanismo en España.
Por primera vez, una de las cámaras de las Cortes Generales instaba al Gobierno a estudiar la situación de esta actividad y a adoptar medidas dentro del ámbito de competencias de varios ministerios.
Sin embargo, la aprobación parlamentaria no significaba el final del camino.
En realidad, a partir de ese momento comenzaba una nueva etapa: la ejecución de los acuerdos adoptados por el Senado.
Como ocurre con muchas iniciativas parlamentarias de este tipo, la aprobación de una moción no implica la aplicación automática de las medidas que propone.
El Senado instaba al Gobierno a actuar, pero una vez aprobada la iniciativa por el poder legislativo correspondía ahora al poder ejecutivo, a través de los ministerios implicados, desarrollar los mecanismos necesarios para aplicar lo acordado.
La moción aprobada en la Cámara Alta había señalado claramente tres ámbitos de actuación administrativa: el Ministerio del Interior, a través de la Dirección General de Tráfico; el Ministerio de Fomento, en relación con las infraestructuras viarias; y el Ministerio de Medio Ambiente, en lo referente al tratamiento de los residuos generados por las autocaravanas.
Aquella decisión abría por primera vez la posibilidad de abordar el autocaravanismo en España desde una perspectiva institucional y coordinada entre distintos departamentos de la administración del Estado.
Sin embargo, con el paso de los años se pudo comprobar que, de las distintas medidas recogidas en la moción aprobada por el Senado, la única que realmente llegó a ponerse en marcha fue la correspondiente a su punto segundo: la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo Superior de Tráfico y Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico.
Las otras cuestiones planteadas en la iniciativa, que afectaban principalmente a los ministerios de Fomento y Medio Ambiente, nunca llegaron a desarrollarse ni a materializarse en actuaciones concretas.
Visto hoy con la perspectiva que dan los años, puede decirse que uno de los errores estratégicos que se produjeron en aquella etapa fue intentar abordar prácticamente todo el desarrollo de la moción desde el ámbito del Ministerio del Interior.
En realidad, buena parte de los aspectos relacionados con el autocaravanismo dependían también de competencias de otros ministerios, lo que hacía difícil que pudieran resolverse exclusivamente desde el ámbito de la normativa de tráfico.
Esta situación se haría especialmente visible años después, durante las sucesivas reformas del Reglamento General de Circulación, en las que se presentaron distintas alegaciones relacionadas con el autocaravanismo que finalmente no fueron incorporadas al texto normativo.
Según explicó en su momento el propio subdirector de normativa de la Dirección General de Tráfico, "las iniciativas parlamentarias aprobadas por las Cortes Generales no solicitaban una reforma directa del Reglamento General de Circulación", sino la creación de condiciones administrativas que facilitaran el desarrollo de la actividad autocaravanista.
Y esas condiciones afectaban a ámbitos competenciales que no dependían exclusivamente del Ministerio del Interior ni de la Dirección General de Tráfico.
Mientras comenzaban a ponerse en marcha los primeros mecanismos administrativos derivados de la moción aprobada en el Senado, dentro del propio movimiento autocaravanista la situación estaba lejos de estabilizarse.
Quienes estábamos trabajando con la administración apenas contábamos con apoyo o ayuda desde el ámbito asociativo y sí, en cambio, con un constante malestar debido a las numerosas presiones e interferencias.
Tras la asamblea celebrada en Palencia, la Plataforma de Autocaravanas Autónoma (PACA) había renovado su junta directiva. Aquella renovación generó inicialmente cierta esperanza de que pudiera abrirse una nueva etapa dentro de la organización.
Muchos pensábamos que, una vez conseguido el objetivo principal que nos había llevado hasta el Senado, había llegado el momento de retirarnos y que nuevas personas asumieran responsabilidades dentro del movimiento asociativo.
Pero lo cierto es que los acontecimientos que comenzaron a producirse poco tiempo después demostrarían que la situación interna del colectivo autocaravanista todavía estaba lejos de alcanzar la estabilidad necesaria.
El cambio constante de juntas directivas en la PACA —prácticamente una cada año—, justo en el momento en que el desarrollo de la moción más necesitaba estabilidad, no ayudaba en absoluto a la consolidación organizativa que aquella situación requería.
La senadora Chacón, como garante de la moción aprobada en el Senado, tampoco encontró en aquellos momentos el apoyo que hubiera sido deseable por parte del propio colectivo autocaravanista.
Mis compañeros, cansados de las tensiones y dificultades que se estaban produciendo, terminaron abandonando aquella etapa.
El único que continuó implicado fui yo, aunque ya con la ilusión muy deteriorada. En cierto modo sentía que, después de haber sido el promotor que involucro a responsables en las instituciones del Estado en este proceso, no podía simplemente abandonar el trabajo iniciado.
Diversas decisiones adoptadas en aquella etapa generaron nuevas tensiones dentro de la organización y dieron lugar a situaciones que dificultaron el normal desarrollo del trabajo que se estaba intentando realizar tras la aprobación de la moción.
Algunas de esas circunstancias fueron descritas con más detalle en varios artículos publicados posteriormente en este mismo blog:
Aquellos acontecimientos reflejaban una realidad que con el paso del tiempo se haría cada vez más evidente: el movimiento autocaravanista español demostraba encontrarse todavía en una fase muy temprana de desarrollo y las estructuras asociativas aún no estaban plenamente consolidadas para afrontar ciertos retos.
Como ocurre con frecuencia en muchos movimientos sociales emergentes, junto al entusiasmo y al compromiso de algunas personas también aparecían tensiones internas, diferencias de criterio y dificultades organizativas.
A pesar de todo ello, gracias al trabajo y compromiso de unos pocos, en el ámbito institucional comenzaban ya a darse los primeros pasos para dar cumplimiento al mandato político surgido del Senado.
Entre ellos destacaba especialmente la creación del grupo de trabajo que debía estudiar la situación del autocaravanismo en España y proponer medidas para mejorar su regulación.
Ese grupo de trabajo sería conocido posteriormente como GT-53 Autocaravanas, y su creación marcaría el inicio de una nueva etapa en la relación entre el autocaravanismo y las instituciones públicas.
Una etapa que, como veremos en el siguiente capítulo, abriría por primera vez un espacio de trabajo conjunto entre la administración del Estado y los distintos actores relacionados con esta actividad.
