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Curiosamente, la mayoría de esos comentarios no se han producido en el propio blog, sino en las distintas páginas y redes sociales donde el artículo ha sido compartido.
Y quizá eso tenga una explicación sencilla: más que debatir sobre un caso concreto, muchos lectores han comenzado a reflexionar sobre una cuestión de fondo.
¿Está realmente organizado el autocaravanismo español para defender sus derechos cuando surge un problema importante?
La pregunta puede parecer incómoda, pero merece la pena plantearla.
Más de veinte años de trabajo
Desde principios de este siglo, el autocaravanismo español ha recorrido un largo camino.
La aprobación de la moción del Senado de 2006, la creación del Grupo de Trabajo GT-53 de la Dirección General de Tráfico, la primera Instrucción 08/V-74, y las dos siguientes instrucciones que aunque mejoradas seguían manteniendo los mismos fundamentos. Las posteriores iniciativas parlamentarias y la creación de más de mil áreas de servicio repartidas por toda España no surgieron por casualidad.
Fueron el resultado del trabajo de muchas personas y asociaciones que dedicaron tiempo y esfuerzo a defender una forma de viajar que entonces era prácticamente desconocida para la mayoría de las administraciones.
Gracias a ello, la situación actual es muy diferente a la que existía hace veinte años.
Sin embargo, los problemas no han desaparecido.
Cuando aparecen las restricciones
En los últimos años, especialmente con el crecimiento del parque de autocaravanas, hemos asistido a la aparición de nuevas ordenanzas y regulaciones municipales que afectan directamente a los autocaravanistas.
- Gijón y sus gálibos.
- Llanes y las limitaciones a la permanencia nocturna.
- O Grove.
- Tarifa.
- Canarias.
- Cantabria.
- Y seguramente podrían citarse otros ejemplos.
Cada uno presenta características distintas, pero todos plantean una misma cuestión:
¿Quién asume la defensa jurídica del colectivo cuando aparecen medidas que se consideran discriminatorias o contrarias al ordenamiento jurídico?
Porque lo que sí debemos tener claro es que este problema no puede afrontarse únicamente desde una perspectiva territorial.
Si solucionamos los problemas en una región, pero después los encontramos en otra cuando viajamos, nunca terminaremos de resolver la cuestión de fondo.
Se necesita una representación nacional, apoyada por los usuarios y dotada de recursos suficientes para defender derechos que son comunes a todos los autocaravanistas, independientemente de dónde residan.
Porque una cosa es expresar el desacuerdo y otra muy distinta sostener una actuación administrativa o judicial durante meses o incluso años.
Los derechos también tienen costes
A menudo se habla de derechos, pero pocas veces se habla de lo que cuesta defenderlos.
Un informe jurídico especializado tiene un coste.
Un recurso administrativo tiene un coste.
Un procedimiento contencioso-administrativo tiene un coste.
Y cuando los asuntos llegan a instancias superiores, los costes aumentan todavía más.
Los ayuntamientos, por el contrario, cuentan con recursos públicos y servicios jurídicos permanentes financiados con los impuestos de todos los ciudadanos.
La buena voluntad es imprescindible.
Pero la buena voluntad no sustituye a los abogados, ni a los peritos, ni a los recursos económicos necesarios para mantener una estrategia jurídica continuada.
El papel de las asociaciones
Las asociaciones han desempeñado un papel fundamental en la evolución del autocaravanismo español.
Sin ellas y sin el trabajo desinteresado de algunos de sus socios, muchos de los avances logrados durante estos años probablemente no habrían sido posibles.
Pero también es cierto que la mayoría de las asociaciones actuales son organizaciones territoriales con recursos limitados.
Además, existe una realidad que pocas veces se menciona.
Cada vez que se convocan procesos de renovación de juntas directivas, resulta cada vez más difícil encontrar personas dispuestas a asumir responsabilidades. En muchas ocasiones las candidaturas aparecen por compromiso y con dificultades para garantizar la continuidad de los proyectos.
Muchas veces una ordenanza afecta a todo el colectivo autocaravanista español, pero la carga de actuar recae únicamente sobre una asociación local o regional.
Y esa situación tiene límites evidentes.
¿Y los empresarios?
Algunas personas plantean que las organizaciones empresariales del sector deberían implicarse más activamente en la defensa de los derechos de los autocaravanistas.
Es una reflexión legítima.
Sin embargo, conviene recordar que los intereses de los usuarios y los de las empresas no siempre son exactamente los mismos.
Las empresas tienen la obligación de defender sus propios intereses económicos y los de sus asociados.
Los usuarios tienen la necesidad de defender sus derechos como ciudadanos y como conductores de vehículos legalmente homologados.
A veces ambos intereses coinciden.
Otras veces no.
Por ello, la defensa de los derechos de los autocaravanistas difícilmente puede depender exclusivamente de terceros.
La experiencia demuestra que los avances más importantes conseguidos por el autocaravanismo español han surgido, fundamentalmente, de la iniciativa y el trabajo de los propios autocaravanistas organizados.
Lo que nos enseña Italia
Uno de los aspectos más interesantes del modelo italiano no son las sentencias que obtiene el Coordinamento Camperisti.
Lo verdaderamente importante es que existe una estructura de ámbito nacional capaz de estudiar normas, elaborar informes, presentar requerimientos y sostener procedimientos judiciales durante años.
Las victorias son consecuencia de esa organización previa.
No al revés.
El reto pendiente
Quizá la pregunta que deberíamos hacernos no sea si estamos de acuerdo o no con una determinada ordenanza.
La verdadera pregunta es otra.
Si mañana hubiera que recurrir simultáneamente varias ordenanzas municipales restrictivas en distintos puntos de España, ¿estamos realmente preparados para hacerlo?
¿Disponemos de los medios humanos, técnicos y económicos necesarios?
¿Existe una estructura capaz de coordinar ese esfuerzo?
En este sentido resulta interesante observar la reciente posición pública adoptada por el G3A en relación con la regulación aprobada por el Ayuntamiento de Llanes.
Más allá del caso concreto, la importancia de esa intervención reside en que sitúa el debate en el terreno de los derechos, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la igualdad ante la ley.
Es una evolución significativa.
Porque el debate deja de centrarse exclusivamente en la creación de infraestructuras o en la gestión turística y pasa a plantearse en términos de derechos ciudadanos y movilidad.
La reciente creación del G3A puede representar un paso importante en esa dirección.
Pero nadie debería engañarse.
Construir una capacidad de actuación jurídica sólida requiere tiempo, recursos económicos, conocimiento técnico y, sobre todo, voluntad de colaboración entre asociaciones y usuarios.
La experiencia demuestra que los derechos no se defienden únicamente con declaraciones de principios.
También requieren estructuras capaces de sostener actuaciones concretas cuando resulta necesario hacerlo.
Una reflexión para el futuro
Durante años el autocaravanismo español ha demostrado que en algunas ocasiones ha sido capaz de organizarse para reclamar derechos, incluso convenciendo a políticos, trabajando en Las Cortes Generales y en la DGT.
La cuestión que ahora se plantea es diferente.
¿Será capaz de organizarse también para defenderlos cuando realmente haga falta?
Porque los derechos no desaparecen de un día para otro.
Pero tampoco se conservan solos.
Y quizá la mejor inversión para el futuro no sea únicamente construir nuevas infraestructuras, sino también disponer de las herramientas necesarias para garantizar que los derechos conquistados durante estos años puedan seguir siendo defendidos mañana.
Porque, al final, la cuestión no es únicamente tener razón.
La cuestión es disponer de la organización, los medios y la capacidad necesaria para hacer valer esa razón cuando sea necesario.
Pedro Ansorena.
