En España se está extendiendo una práctica que, lejos de ser nueva, sí resulta cada vez más preocupante: la instalación de gálibos de limitación de altura en aparcamientos públicos.
En muchos casos, estas instalaciones no responden a ningún riesgo real. No hay obstáculos, no hay estructuras que justifiquen una limitación. Y, sin embargo, ahí están.
La finalidad es evidente: impedir el acceso de las autocaravanas.
Para analizar esta situación conviene partir de una premisa básica que muchas veces se olvida. Los ayuntamientos, como responsables de la gestión del espacio público, tienen responsabilidad sobre lo que ocurre en él. Cuando existe un riesgo real, están obligados a actuar: señalizar, limitar accesos o adoptar las medidas necesarias para evitar accidentes.
Y es ahí donde el gálibo tiene sentido. Cuando hay un riesgo, cuando hay una limitación física real.
Pero cuando esa limitación no existe, cuando no hay ningún obstáculo que justifique esa medida, el gálibo deja de ser una herramienta de seguridad y pasa a ser otra cosa muy distinta.
Pasa a ser una forma de exclusión.
Y eso, nos guste o no, tiene un nombre: abuso de poder y discriminación.
No estamos, por tanto, ante un problema técnico. Estamos ante un problema de rechazo social y, en demasiadas ocasiones, ante una gestión municipal que utiliza instrumentos de tráfico con una finalidad que nada tiene que ver con la seguridad.
“No se trata de proteger un espacio, sino de excluir a un tipo de usuario.”
Una práctica conocida… y una respuesta diferente.
Este problema no es exclusivo de España. En otros países europeos, como Francia o Italia, llevan años enfrentándose a situaciones muy similares.
Y aquí es donde aparece una diferencia que, a mi juicio, es clave.
Mientras en España tendemos a reaccionar desde la queja o la protesta, en Italia optaron hace tiempo por otro camino: la acción jurídica.
Italia con 203.000 km2 es uno de los líderes europeos en autocaravanismo, con un parque móvil estimado de 250.000 autocaravanas. El país cuenta con una infraestructura consolidada, superando las 5.000 áreas de servicio dedicadas, lo que lo convierte en un destino muy popular para este tipo de turismo. Por lo tanto también es un país que sufre una mayor presión que España con este tipo de vehículos, al disponer nosotros de casi el doble de territorio y una tercera parte de autocaravanas.
Desde el inicio de mi implicación en la reivindicación del autocaravanismo, ya hace más de dos décadas, tuve claro que había que mirar lo que se estaba haciendo fuera. Y en ese camino, Italia como país con un sistema constitucional de poder compartido muy parecido al nuestro es mi referente. El contacto con colectivos italianos como el Coordinamento Camperisti o con activistas como Ivanno Pavanno D.E.P. ha sido, sin duda, una referencia constante.
De ellos he aprendido muchas cosas ya que su experiencia va por delante más de 30 años. Pero quizá una de las más importantes ha sido entender que este tipo de problemas no se resuelven con opiniones, sino con argumentos jurídicos.
Durante la presentación de la ponencia en Roma, ya se abordó esta cuestión. Allí se habló abiertamente de la proliferación injustificada en la instalación de gálibos en algunos aparcamientos como una medida arbitraria dirigida específicamente contra las autocaravanas.
Y también se explicó cómo se estaba combatiendo.
Cuando los tribunales ponen límites.
Los autocaravanistas italianos, a diferencia de lo que suele ocurrir aquí, no se han quedado en la protesta. Han dado un paso más.
Han llevado estos casos a los tribunales.
Y en muchos casos, han ganado.
Ejemplos como el de Trento o Ventimiglia no son anecdóticos, sino parte de una línea de actuación continuada:
Los tribunales italianos han ido estableciendo un criterio que merece ser tenido muy en cuenta:
- Un gálibo sin causa técnica es ilegal.
- Carece de justificación.
- Es una medida desproporcionada.
- Supone una discriminación por tipo de vehículo.
Y hay un aspecto que pocas veces se menciona: este tipo de limitaciones también supone un riesgo, ya que no solo afectan a las autocaravanas. También pueden impedir el acceso a vehículos de emergencia, lo que refuerza aún más su falta de sentido desde el punto de vista de la seguridad.
“El problema de la limitación no es la altura, sino la intención.”
La clave: cuándo un gálibo deja de ser legal.
El gálibo, como elemento de regulación, es perfectamente legal cuando responde a una necesidad real.
Pero deja de serlo cuando se utiliza de forma fraudulenta.
Si no existe un obstáculo físico que justifique la limitación, el gálibo pierde su sentido técnico y se convierte en una restricción arbitraria.
Y eso es precisamente lo que los tribunales italianos están corrigiendo.
Una estrategia que marca la diferencia.
El éxito de los autocaravanistas italianos no es fruto de la casualidad. Responde a una forma de actuar muy concreta:
- Documentar cada caso con detalle.
- Solicitar explicaciones técnicas a la administración.
- Recurrir administrativamente.
- Y, si es necesario, acudir a los tribunales.
No discuten opiniones.
Discuten legalidad.
Y esa diferencia es fundamental.
La vía que utilizan nuestros compañeros italianos para desmontar los gálibos, nos demuestra que sin llegar a los tribunales, el algunas ocasiones, solo con la simple exigencia de demostrar por parte de los ayuntamientos su instalación, hace que éstos vuelvan atrás y sean desmontados.
Una reflexión necesaria.
Llegados a este punto, quizá conviene hacer una reflexión sobre lo que estamos haciendo en España.
Con demasiada frecuencia seguimos recurriendo a la protesta, a la manifestación o a la presión social como única herramienta.
Pero sin un objetivo jurídico claro, esas acciones se diluyen.
“Sin un objetivo jurídico definido, la protesta pierde eficacia.”
Cambiar el enfoque.
No se trata de cuestionar todos los gálibos. Sería un error. Habrá situaciones en las que su instalación esté plenamente justificada.
Pero sí se trata de exigir algo tan básico como esto: que toda limitación tenga una justificación técnica real.
Y que no se utilicen estos elementos como herramientas de exclusión.
Para avanzar en esa línea, quizá sea necesario empezar a trabajar de otra manera:
- Estableciendo protocolos de actuación con la colaboración de todo el colectivo.
- Centralizando casos.
- Impulsando recursos estratégicos.
- Generando precedentes.
Porque cada gálibo ilegal que se retira no es solo un caso aislado.
“Cada gálibo ilegal retirado es una victoria que abre camino a otras.”
Conclusión:
El problema no es nuevo. Las soluciones tampoco.
Otros países ya han recorrido ese camino y han demostrado que es posible corregir estas situaciones.
Quizá ha llegado el momento de dejar de preguntarnos por qué nos ponen barreras…
y empezar a trabajar para que las quiten.
Pedro Ansorena.
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