Del valor de una Instrucción administrativa al valor jurídico del Reglamento General de Circulación.
Durante los últimos días se ha hablado mucho de la incorporación del nuevo artículo 92.4 al Reglamento General de Circulación y de la desaparición del anterior artículo 93.
Sin embargo, tengo la impresión de que muchos autocaravanistas todavía no perciben cuál es el verdadero alcance jurídico de esta reforma.
No se trata únicamente de que el Reglamento recoja por primera vez las condiciones que debe cumplir una autocaravana para considerarse correctamente estacionada.
El cambio es bastante más profundo.
Y para comprender su importancia conviene recordar cómo hemos llegado hasta aquí.
Casi veinte años apoyándonos en las Instrucciones de la DGT
Desde la aprobación de la Instrucción 08/V-74, en el año 2008, los autocaravanistas hemos defendido nuestros derechos apoyándonos principalmente en las distintas Instrucciones emitidas por la Dirección General de Tráfico.
Aquella primera Instrucción fue consecuencia de los trabajos desarrollados por el Grupo de Trabajo GT-53, creado por la DGT en cumplimiento de la Moción aprobada por unanimidad por el Senado en mayo de 2006.
Desde entonces, las Cortes Generales han aprobado sucesivamente diversas mociones y Proposiciones no de Ley, tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, instando al Gobierno a desarrollar una regulación específica para el autocaravanismo, actualizar la normativa de circulación, unificar criterios y evitar interpretaciones arbitrarias por parte de las distintas administraciones.
Aunque nunca llegó a aprobarse una ley estatal específica sobre autocaravanismo, porque se llegó a la conclusión de que la autocaravana para no entrar en conflicto con turismo, debía de ser tratada como vehiculo. Aquellas iniciativas parlamentarias dieron lugar a una importante evolución normativa.
Entre los hitos más destacados pueden citarse:
- 2008. Instrucción 08/V-74, que estableció por primera vez una interpretación oficial diferenciando claramente entre estacionar y acampar.
- 2023. Instrucción PROT 2023/14, que actualizó y amplió la doctrina anterior incorporando nueva jurisprudencia y reforzando la protección frente a restricciones indiscriminadas.
- 2026. Instrucción PROT 2026/04, que armoniza distintos criterios técnicos sobre vehículos vivienda, incorpora las furgonetas camperizadas y adapta diversos aspectos a la evolución normativa.
Durante todos estos años, tanto las iniciativas parlamentarias como las Instrucciones de la DGT han constituido la principal referencia jurídica para defender el derecho de las autocaravanas a estacionar conforme a las normas generales de circulación.
Gracias a ellas pudieron resolverse numerosos conflictos administrativos y sirvieron de apoyo en distintos procedimientos judiciales, como ocurrió en el conocido recurso contra la ordenanza municipal de Sevilla.
¿Qué es realmente una Instrucción?
Creo que aquí conviene detenerse un momento.
La Dirección General de Tráfico es un órgano de la Administración General del Estado encargado de elaborar el Reglamento General de Circulación y de interpretar su aplicación cuando surgen dudas.
Para ello emite Instrucciones o Interpretaciones Técnicas Complementarias.
Estas Instrucciones son actos administrativos de carácter interpretativo, firmados por el Director General de Tráfico en el ejercicio de sus competencias.
Su finalidad consiste en unificar criterios y servir de referencia para todos los organismos encargados de aplicar la normativa de tráfico, incluidas las policías locales.
Recuerdo perfectamente una conversación mantenida durante los trabajos del GT-53 con el entonces Subdirector de Normativa de la DGT, Ramón Ledesma Muñiz.
Nos explicó que aquellas Instrucciones constituían también una referencia básica para la formación de los agentes encargados de la vigilancia y regulación del tráfico.
Sin embargo, el paso del tiempo demostró que algunos ayuntamientos consideraron que esas Instrucciones no les vinculaban directamente y continuaron aprobando ordenanzas restrictivas que dieron lugar a numerosos conflictos.
Lo que cambia ahora
Y aquí se encuentra la verdadera novedad.
El mismo contenido que durante casi veinte años figuró en las Instrucciones de la Dirección General de Tráfico pasa ahora a incorporarse al propio Reglamento General de Circulación mediante el nuevo artículo 92.4.
La diferencia puede parecer pequeña, pero jurídicamente es muy importante.
Porque deja de ser la interpretación de un órgano administrativo para convertirse en una norma reglamentaria aplicable con carácter general.
No significa que desaparezcan automáticamente los conflictos.
Tampoco que los ayuntamientos pierdan las competencias que les atribuye el artículo 7 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial y la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.
Esas competencias continúan existiendo.
Lo que cambia es el punto de partida jurídico.
Hasta ahora, quienes defendíamos nuestros derechos debíamos apoyar nuestros argumentos en una Instrucción administrativa dictada por la Dirección General de Tráfico.
A partir del 1 de octubre, esa misma doctrina pasa a estar incorporada al Reglamento General de Circulación mediante un Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros y publicado en el Boletín Oficial del Estado.
Por primera vez será el propio Reglamento el que defina cuándo una autocaravana se encuentra correctamente estacionada.
¿Qué consecuencias puede tener?
Conviene ser prudentes.
Esta reforma no hará desaparecer de un día para otro todas las ordenanzas restrictivas.
Tampoco significa que cualquier sanción vaya a ser automáticamente anulada.
La experiencia italiana demuestra precisamente lo contrario.
Italia que dispone de una Constitución y una forma de Gobierno muy parecida a la española, lleva casi 40 años aplicando el artículo 185 del Codice della Strada y, aun así, continúan existiendo conflictos entre algunos ayuntamientos y los autocaravanistas.
Han sido los tribunales quienes, poco a poco, han ido delimitando el verdadero alcance de aquella regulación.
Es razonable pensar que en España ocurrirá algo parecido.
También aquí serán los tribunales quienes, con el tiempo, irán perfilando el alcance del nuevo artículo 92.4.
Pero existe una diferencia esencial.
A partir de ahora cualquier ordenanza municipal deberá interpretarse teniendo en cuenta un Reglamento que recoge expresamente las condiciones del estacionamiento de las autocaravanas.
La discusión jurídica ya no comenzará preguntándose cuál era la interpretación de la Dirección General de Tráfico.
Comenzará leyendo directamente el Reglamento General de Circulación.
Y eso fortalece notablemente la posición jurídica de quienes tengan que defender sus derechos.
Una nueva etapa
Durante casi veinte años muchos autocaravanistas defendimos que el contenido de aquellas Instrucciones debía incorporarse al Reglamento General de Circulación.
Por ese motivo participamos presentando alegaciones a los distintos borradores de reforma del Reglamento, tanto en 2011 como en 2025.
No era una cuestión simbólica.
Era una cuestión de seguridad jurídica.
Hoy ese objetivo, al menos en este aspecto concreto, se ha conseguido.
Queda todavía mucho camino por recorrer.
Habrá nuevas ordenanzas, nuevos recursos y, probablemente, nuevas sentencias.
Pero el escenario jurídico ya no es el mismo.
Quizá dentro de unos años muchos vean el artículo 92.4 como un precepto más del Reglamento General de Circulación.
Sin embargo, quienes hemos vivido toda esta evolución desde principios de este siglo sabemos que detrás de esas pocas líneas hay casi veinticinco años de trabajo, iniciativas parlamentarias, reuniones técnicas, alegaciones, recursos y debates jurídicos.
Por eso su importancia va mucho más allá de su aparente sencillez.
No porque termine la reivindicación.
Sino porque, por primera vez, el propio Reglamento General de Circulación incorpora la doctrina que durante tantos años la Dirección General de Tráfico sostuvo mediante sus Instrucciones.
Y eso modifica el punto de partida desde el que los autocaravanistas tendremos que defender nuestros derechos en el futuro.
Pedro Ansorena.
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