Reflexiones sobre la convocatoria de manifestación de autocaravanas prevista para el día 30 de octubre en Madrid.

Desde siempre he sido una persona que he tratado de mantener como principio, el de al resolver un problema lo primero que uno debe de hacer es estudiar este sosegadamente y tratar por todos los medios de llegar a su solución por la vía del dialogo o menos gravosa para las partes, aunque también soy consciente que a veces esta actitud de pensamiento, dependiendo de qué personas o estamentos te encuentres en el camino, por mucho que lo intentes, no siempre es posible adoptar una postura sosegada o de razonamiento mutuo. Ni que decir tiene que siempre hay que tener presente que la huelga o manifestación, como medio legal y constitucional al alcance de los ciudadanos que se sientan perjudicados o agraviados por alguna causa, es una herramienta legal que en algunos casos está más que justificado el utilizarla. Pero entiendo que este es un derecho que siempre se debe de usar o ejercer cuando otras vías ya se han utilizado o agotado.

En el caso que nos afecta a los autocaravanistas en nuestro legítimo derecho de utilizar una autocaravana racionalmente como nuestro medio de ocio con normalidad, sin que nadie nos tenga que mirar con recelo o tratar injustificadamente por lo que colectivamente no somos, ni tampoco representamos o soportar la cada vez más frecuente injerencia en nuestros asuntos de algunos intereses económicos partidistas, confundiendo con sus cada vez más frecuentes intervenciones en los medios informativos a su alcance o ante nuestros administradores públicos, que por su mala costumbre a la que algunos ya nos tienen acostumbrados de dejarse llevar o utilizar por los primeros intereses que llaman a su puerta en plan alarmista, sin estudiar mínimamente los asuntos a publicar como debería de ser su obligación y profesión y buscar otros puntos de vista antes de tomar postura sin pensarse dos veces el daño que pueden hacer, dirigiendo comentarios a la administración y a la ciudadanía en general, cuando no actuando directamente ante estos, ubicándonos dentro de unos intereses que deben ser de libre elección y no de obligación o de imposición.

Aunque soy consciente de que algunos ya lo sabéis, sin embargo creo que convine recordar que en los últimos años desde la reciente y emergente práctica del autocaravanismo en España, en mi opinión, se han dado pasos importantes en varios frentes y actuaciones entre las que destacan las instituciones del Estado y creo que estos se han dado, teniendo en cuenta las posibilidades y los medios a nuestro alcance, en la vía adecuada que estos se deben de dar para con ello tratar de normalizar una actividad de ocio que hasta hace poco en nuestro país muy poca gente conocía.

Con el sacrificio tanto material como personal de unas pocas personas dedicando parte de su esfuerzo en tratar de salvar las zancadillas de "los de siempre", se ha conseguido por primera vez en la historia del autocaravanismo en nuestro país, convencer a políticos con capacidad y competencia en estos asuntos y con ello llevar por dos veces a las dos Cámaras de Las Cortes Generales, uno de  los lugares donde reside el poder legislativo de nuestro país, el proyecto de un colectivo minoritario, el cual, en ambos casos, ha sido aprobado por asentimiento general de todos los grupos parlamentarios y como consecuencia el proyecto inicial resultó ser un rotundo éxito, al salvar uno de los pasos más difíciles para introducir o normalizar cualquier cambio o actividad en nuestra sociedad: ser aprobado en Las Cortes Generales. Fruto de esta iniciativa se creó un grupo de trabajo especifico en el seno del Consejo superior de Tráfico y Seguridad Vial, el cual y después de un año de trabajo ha emitido un informe con las conclusiones del trabajo, en forma de una publicación avalada esta por el Ministerio del Interior y la Dgt, denominado "La Movilidad en Autocaravana, Contexto actual y propuestas de actuación". Dirigido principalmente hacia la administración en general como herramienta de ayuda para desarrollar en nuestro país la nueva modalidad de ocio del turismo en autocaravana.  para más información   Pinchar aquí

Al mismo tiempo, en vista de este trabajo y con el ánimo de que las distintas administraciones competentes continúen con la labor del desarrollo en España de la actividad autocaravanista, el Organismo de la DGT. Organismo redactor del RGCV, conforme a sus competencias, hace una interpretación del citado reglamento, emitiendo la Instrucción 08/V-74 aclarando en la misma las distintas partes de este que le afecta a una autocaravana como vehículo, especialmente en las maniobras de parada y estacionamiento.

Desde entonces a esta parte, a mi modo de ver, ha trascurrido el período de tiempo, creo que amplio y necesario, que en la mayor parte de las veces el Estado y las distintas administraciones implicadas en la materia necesitan para poder observar el comportamiento de cualquier proyecto, que se intente introducir en la sociedad o de qué manera este es aceptado implementado o rechazado por esta o por la administración en general y así poder ejercer las tareas de gobierno, que todo proyecto necesita introduciendo los cambios necesarios que este requiera, hasta conseguir la buena armonía entre la sociedad y los distintos intereses de esta.

Sin embargo y después de todos los pasos dados y de haber superado el paso político, a mi entender el más complicado y difícil, a día de hoy tenemos que reconocer que los resultados en la práctica y en el desarrollo de la creación de las condiciones para que el autocaravanismo se practique con normalidad, no han sido todo lo esperado o lo apetecible, aunque también soy consciente, que al igual que en otros países a sucedido, ejercer las tareas de Estado llevan su tiempo y su ritmo.

A mi modo de ver, creo que la complicada y difícil forma de gobierno compartido contemplada en nuestra constitución, hace que en la práctica lo que emana de los acuerdos de las Cortes Generales o de los órganos del Estado como en el caso de la DGT, no todas las veces son respetados por algunas de las administraciones locales o regionales, acompañado todo esto por la poca visión o seguimiento por parte de los representantes de los autocaravanistas, que en vez de comprender y trabajar aportando ayuda y conocimiento en aquellas vías y con las personas que nos pueden llevar a normalizar todo esto, se dedican a complicarles la vida, cuando no insultando o despreciando su trabajo o enfrentándoles entre sí, a los políticos o a la gente del Estado, que nos gusten o no, son quienes tienen competencias para poder sacar esto adelante, situación que hace que con sus incomprensibles posturas y decisiones, después de todo lo que se ha trabajado, aun se mantenga en jaque, por algunas administraciones, a miles de familias de autocaravanistas que viajan por España.

Debemos tener presente que el asunto ya no está ni es competencia del poder político o de los parlamentarios, estos después de haber sacado el proyecto adelante en las cámaras, que es donde residen sus competencias, Las Cortes Generales y el poder político ya dieron orden al Gobierno, al poder ejecutivo, para que este ejecute y así se cumplan los acuerdos parlamentarios.

Entiendo que llegado a este punto ante cualquier arbitrariedad o abuso de poder de cualquier administración, son los órganos del Estado quienes tienen que ser garantes y velar por los derechos de los ciudadanos, máxime cuando estos derechos emanan directamente de los acuerdos parlamentarios de Las Cortes Generales.

Quizás el Estado en los abusos contra los autocaravanistas que se están dando en nuestro país, no está ejerciendo como le corresponde sus tareas o competencia en función del difícil y necesario equilibrio, que tiene que mantener frente a las comunidades autónomas o las administraciones locales, pero esta complicada situación de gobierno compartido no justifica que no se protejan los derechos e intereses de los ciudadanos que administra o que aplique sus claras competencias constitucionales, como ya lo ha hecho en más de una ocasión, en el ayuntamiento de Marbella, en la reciente intervención y limitación en el gasto de algunos ayuntamientos de nuestro país que se estaban excediendo en este etc.

Por todo ello entiendo que después de los pasos que se han dado y trascurrido el tiempo necesario ha llegado la hora de reclamar que el Estado haga cumplir los acuerdos de las cámaras y para ello el ejercer el derecho constitucional de la manifestación está más que justificado.

Lo desafortunado de todo esto es que tengan que ser unos centenares de usuarios de autocaravana, unos asociados a las organizaciones autocaravanistas y otros no, quienes tengan que tomar la decisión de manifestarse en Madrid, porque los dirigentes de la mayoría de asociaciones nacionales de autocaravanistas haciendo gala de la poca responsabilidad e implicación que desafortunadamente les caracteriza, siguiendo al pie de la letra actuaciones anteriores contra todos aquellos que se les ocurra mover un dedo sin su consentimiento y que a lo largo del tiempo nos están demostrando cada vez más, que ni han sabido ni saben relacionarse con los políticos, ni con el Estado, que aun no entienden donde reside el problema y que la convocada manifestación para ellos no solo no está justificada sino que algunos de ellos están haciendo todo lo posible para que esta fracase.

Por todo ello entiendo que son sobradas las razones para acudir a Madrid el día 30 de octubre en demanda y reclamación de que se respeten nuestros derechos como ciudadanos. Personalmente no se aun si podré estar en Madrid para esa fecha, ya que tengo que atender otros compromisos y necesidades, si puedo allí estaré y si no tenéis todo mi apoyo y agradecimiento.

Pedro Ansorena.