Releer aquellos textos me ha llevado a pensar en cómo han evolucionado algunas reivindicaciones y, especialmente, en el significado que hoy se atribuye a las áreas de autocaravanas.
Porque no es igual reivindicar áreas para facilitar el autocaravanismo que aceptar que su existencia sirva para restringir el estacionamiento en el resto de un municipio.
Cuando el camping parecía la única alternativa
A comienzos de los años 2000, cuando acudíamos a un ayuntamiento para plantear la creación de un área de servicio, era frecuente que nos respondieran que para eso ya estaban los campings.
El autocaravanismo tenía entonces una presencia limitada en España y muchos responsables municipales identificaban cualquier vehículo equipado para habitar con una modalidad de acampada.
Nuestra tarea consistía en explicar la diferencia.
Una autocaravana es un vehículo homologado para circular y equipado con una zona habitable. Puede viajar, detenerse y estacionar cumpliendo las normas correspondientes, sin que ello implique necesariamente acampar.
Los modelos que conocíamos de Francia e Italia o Alemania, junto con los argumentos jurídicos que fuimos reuniendo, nos ayudaron a trasladar aquella idea a los primeros alcaldes.
Lo que realmente necesitábamos eran servicios
Para comprender aquellas reivindicaciones hay que recordar cómo era el autocaravanismo español hace más de veinte años.
El parque de autocaravanas era aproximadamente una cuarta parte del actual y la presión sobre los estacionamientos públicos mucho menor. Aunque comenzábamos a encontrar algunas dificultades, nuestra presencia en las calles y aparcamientos pasaba generalmente bastante inadvertida.
Nuestro principal problema era otro: la práctica inexistencia en España de instalaciones donde abastecernos de agua potable y vaciar adecuadamente los depósitos de aguas grises y negras.
En nuestros viajes por Francia e Italia o Alemania, habíamos conocido instalaciones que permitían realizar esas operaciones y continuar viaje, sin necesidad de permanecer estacionados en un recinto específico.
Aquello era lo que pretendíamos trasladar a España.
Cuando comenzamos a visitar ayuntamientos para promover las primeras áreas, buscábamos fundamentalmente que se habilitaran esos servicios. Si además se ofrecía un espacio adecuado para estacionar y visitar la localidad, tanto mejor.
Pero nunca se nos pasó por la imaginación que, con el tiempo, algunas administraciones pudieran utilizar la creación de aquellas instalaciones como argumento para prohibir el estacionamiento de autocaravanas en el resto del municipio.
Queríamos disponer de servicios para seguir viajando, no que la posibilidad de estacionar quedara condicionada a la existencia de un área.
Del servicio voluntario al recinto obligatorio
Con el paso de los años, el autocaravanismo ha crecido considerablemente, al igual que las áreas municipales y las instalaciones privadas destinadas a estos vehículos.
Existen excelentes áreas, públicas y privadas, que prestan servicios útiles y que muchos autocaravanistas utilizan voluntariamente. Nada tenemos que objetar a esas iniciativas.
Sin embargo, en determinados municipios se ha extendido otra concepción: construir recintos específicos, a veces alejados de los núcleos urbanos, con barreras, reservas, tarifas y limitaciones de estancia.
Estas características no tienen por qué ser cuestionables cuando se trata de servicios voluntarios y correctamente gestionados.
El problema aparece cuando la existencia de esas instalaciones se utiliza para impedir que las autocaravanas estacionen en otros lugares del municipio donde legalmente podrían hacerlo.
En ese momento, lo que nació como una facilidad corre el riesgo de transformarse en una obligación.
Y resulta inevitable recordar aquellos primeros años, cuando algunos responsables municipales consideraban que nuestro lugar estaba necesariamente en los campings.
¿No estaríamos reproduciendo, bajo una fórmula diferente, una concepción que precisamente intentábamos superar?
Un municipio no necesita construir un área para permitirnos estacionar
El hecho de que una autocaravana pueda estacionar legalmente en un municipio no significa que el ayuntamiento tenga que construir un área específica.
Puede hacerlo si lo considera conveniente, facilitar la iniciativa privada o habilitar puntos ecológicos para el abastecimiento de agua y la evacuación de residuos.
Son decisiones distintas.
El estacionamiento de un vehículo se rige por la normativa de tráfico y las disposiciones municipales legalmente aplicables. La creación de un área es una decisión de dotación de infraestructuras o prestación de servicios.
Confundir ambas cuestiones conduce a pensar que las autocaravanas solo deberían estacionar donde exista un recinto expresamente destinado a ellas.
Pero la existencia de un área no convierte en ilegales los demás espacios donde el estacionamiento está permitido.
¿Cuántas áreas necesitamos realmente?
Con frecuencia escuchamos reivindicaciones sobre la necesidad de construir cientos o miles de nuevas áreas para autocaravanas.
"España necesita construir más de 2.000 áreas dicen algunos"
No cuestiono que existan lugares donde hagan falta instalaciones de acogida. Las necesidades varían según los municipios, las rutas y las épocas del año.
Pero deberíamos preguntarnos qué estamos reclamando exactamente.
¿Necesitamos miles de recintos específicos para estacionar o una red suficientemente amplia de servicios que nos permita viajar de manera responsable?
Un punto ecológico correctamente diseñado puede atender a numerosas autocaravanas sin necesidad de mantenerlas estacionadas allí durante horas o días.
Y un municipio puede recibir autocaravanistas sin disponer de un área específica, siempre que existan lugares donde el estacionamiento esté permitido y se respeten las normas.
Por eso, medir el desarrollo del autocaravanismo exclusivamente por el número de áreas construidas ofrece una visión incompleta.
Quizás el progreso no consista en disponer de 2.000 recintos más, sino en conseguir que 2.000 lugares ofrezcan posibilidades legales de estacionamiento y servicios accesibles cuando sean necesarios.
Liérganes, una experiencia que invita a reflexionar
En 2003 participé en las gestiones que llevaron a la creación de una de las primeras áreas municipales señalizadas para autocaravanas de España, en Liérganes, Cantabria.
Aquel proyecto, impulsado gracias a la receptividad del entonces alcalde, Ángel Bordas, respondía a una filosofía sencilla: facilitar los servicios que necesitábamos y favorecer la visita de los autocaravanistas al municipio.
Era un espacio integrado en el entorno urbano, sin grandes instalaciones ni inversiones desproporcionadas.
Más de veinte años después, el debate sobre un nuevo proyecto de área en Liérganes, acompañado de planteamientos para concentrar allí las autocaravanas, permite apreciar cómo puede cambiar la concepción de estas infraestructuras un mismo alcalde.
No pretendo reabrir una controversia municipal sobre la que ya he escrito anteriormente. La comparación entre ambos momentos es suficiente para plantear una reflexión.
Lo que comenzó como una iniciativa de acogida no debería convertirse en una justificación para limitar, sin fundamento suficiente, el estacionamiento en otros espacios públicos.
Regular no significa necesariamente prohibir
Los ayuntamientos tienen responsabilidades legítimas en la ordenación del tráfico, la seguridad vial, la convivencia y la distribución de los espacios públicos.
Nadie puede pretender que una autocaravana estacione en cualquier lugar, sin atender a sus dimensiones, a la señalización o a las condiciones de la vía. Determinadas concentraciones de vehículos pueden requerir medidas proporcionadas.
Pero es importante diferenciar entre regular y prohibir.
Una limitación puede responder a razones objetivas de seguridad, movilidad o protección de determinados espacios. Otra cosa es establecer restricciones generales basadas únicamente en la existencia de un área específica, sin justificar suficientemente su necesidad.
El nuevo artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación, vigente desde el 1 de octubre de 2026, incorpora condiciones expresas para el estacionamiento de autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda.
Su relación con las competencias municipales merece un análisis propio, que abordaré en otra ocasión.
Por ahora, me interesa destacar una idea: la existencia de un área de autocaravanas no debería considerarse, por sí sola, razón suficiente para excluirlas de otros espacios donde puedan estacionar legalmente.
Recuperar el sentido de aquellas reivindicaciones
Quienes participamos en los comienzos del autocaravanismo organizado tenemos también la responsabilidad de explicar por qué defendíamos aquellas primeras iniciativas.
Cuando comenzamos a impulsar las áreas, queríamos superar el desconocimiento sobre nuestros vehículos y, sobre todo, facilitar los servicios imprescindibles para viajar de manera autónoma y ambientalmente responsable.
Nunca entendimos que la creación de un área debiera llevar aparejada la renuncia a estacionar en otros lugares donde estuviera permitido.
El futuro del autocaravanismo tampoco debería depender exclusivamente de multiplicar instalaciones cerradas, aunque algunas resulten útiles y necesarias.
El verdadero avance debería medirse también por la normalización de nuestra presencia en los municipios, el respeto a las normas, la convivencia con los demás ciudadanos y la disponibilidad de servicios adecuados.
Porque las áreas de autocaravanas deben ser una posibilidad, no una imposición.
Y porque, veintitrés años después, sigo convencido de algo que inspiró buena parte de nuestro trabajo:
No reivindicamos las primeras áreas para que nos encerraran en ellas. Las reivindicamos para disponer de los servicios que necesitábamos y poder seguir viajando con mayor autonomía, responsabilidad y libertad.
Pedro Ansorena Antón.
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