Comentarios sobre la labor necesaria y los pasos que se han seguido para la reforma del RGC.

Podemos estar de acuerdo, ya lo he comentado otras veces, que todo lo que esté pensado o hecho por personas, siempre es mejorable y por supuesto nada definitivo, pero para ello es necesario que cualquier reforma o proyecto, que en principio está realizado de buena fe, porque, entre otras cosas, yo no creo que la DGT tenga nada en contra de los autocaravanistas , es importante que éste se ponga en marcha y así poder observar como éste es aceptado, rechazado o implementado por la sociedad y por las distintas competencias o los estamentos, que tienen la responsabilidad de velar por los intereses de todos. Pero sobre todo y para poder opinar sobre un asunto de éstos, sin correr el riego de como comúnmente se suele decir "meter la pata", hay que preocuparse de tener unos mínimos conocimientos de cómo funciona la política y el Estado de nuestro país, cuáles son sus competencias y qué es lo que pueden hacer éstos o no.

Pero lo que no es de recibo es que algunos autocaravanistas, que por lo que demuestran con sus actuaciones, es una falta de conocimiento elemental en materia legislativa o política, ni tampoco en cómo funciona nuestro Estado de Derecho y por lo que también están demostrando, tienen dudosa capacidad para entender esto, hagan juicios de valor y de intenciones sobre el resumen plasmado en un borrador de 25 pg. para la reforma del RGC., del trabajo, que durante años se ha llevado a cabo por parte de verdaderos profesionales en la materia, con la ayuda de algunos representantes o usuarios de varias actividades afectadas, que siempre han actuado como unos simples informadores, porque, entre otras cosas, ni disponen de competencias en la materia, ni tampoco pueden tomar decisiones ante una administración, que es quien tiene y ejecuta éstas en cualquier reforma y quien decide cómo y cuando se hace ésta. Los que son llamados por estos, es simplemente para tratar de contar, uno a uno y con la mayor claridad posible, cuáles son nuestros problemas y necesidades, SIMPLEMENTE INFORMADORES NADA MÁS.

Desde el año 2004, como algunos ya sabéis he estado en contacto más o menos permanente con algunas personas responsables de la política y del Estado, por lo que como se puede comprender, algo habré aprendido de ellos, sobre todo de como se mueven éstos y cuáles son sus competencias o no y tambien cuáles son las nuestras y sobre todo donde están nuestros límites y hasta donde podemos llegar, cual es nuestra labor y qué es lo que la administración espera de nosotros.

Siempre pensé que algunas cosas son de sobra conocidas o de sentido común y que no hacía falta explicarlas, pero como veo que no, como una mera información más , y como experiencia de lo que me ha tocado vivir o soportar en esto del autocaravanismo, vamos a tratar de comentar, desde mi punto de vista, algunas cosas que creo he aprendido en los últimos años.

Cuando una persona o un grupo de ellas convencen a un miembro de algún grupo político o parlamentario, para que desde sus competencias en Las Cortes Generales, lugar donde reside el poder legislativo de nuestro país y donde cualquiera que quiera lograr un cambio normativo de alcance nacional tiene que pasar por él, para que se promuevan acciones encaminadas a regular o mejorar una actividad y consigue convencer a estos para que se pongan a trabajar.

Después de puestos manos a la obra y  de desarrollar un trabajo, si el político, que conforme a sus competencias presenta una iniciativa a la mesa de cualquiera de las Cámaras de Las Cortes Generales, ésta es aceptada y después de su debate por todos los grupos parlamentarios, consigue que la iniciativa parlamentaria salga adelante, con su aprobación, como en el caso que nos contempla y ha hecho la Sra. Chacón, con la presentación en el Senado de la moción al Gobierno en el año 2006, Texto de la Moción de 2006, el siguiente paso es la puesta en marcha de los diferentes puntos del contenido de la iniciativa parlamentaria aprobada en Las Cortes Generales o lo que es lo mismo, el poder legislativo. Las Cortes Generales, le da la orden al poder ejecutivo, el Gobierno, del que forman parte  aquellos Ministerios a los que está dirigida la iniciativa parlamentaria, para que se ponga en marcha y desarrolle la labor que se necesita para atender y dar respuesta a los acuerdos aprobados por Sus Señorías en la Cámara del Senado .

Una vez  superadas estas fases, que toda iniciativa parlamentaria lleva consigo, el político que ha trabajado esto en Las Cortes Generales, ha terminado su función o su labor, que es hasta donde alcanzan sus competencias, aunque siempre y conforme a éstas, quedará a la expectativa de observar que el ejecutivo cumpla los acuerdos de la Cámara y si esto no es así, si lo estima necesario, puede promover alguna iniciativa  política más para reclamar o preguntar al Gobierno que se cumplan los acuerdos, como ha hecho de nuevo en el 2010 la Sra., Chacón con la presentación y aprobación en la Comisión de Seguridad Vial del Parlamento de una PNL, donde preguntaba al Gobierno, que había pasado con los acuerdos del Senado aprobados en 2006,   ya que es el Gobierno quien deberá  interesarse y requerir a los Ministerios, para que continúe adelante con la labor, el político conforme a sus competencias y en el lugar adecuado para ello, a quien se tiene que dirigir es al ejecutivo, al Gobierno, y no a otros.

No debemos olvidar que Ana María Chacón Carretero, en lo que respecta a los autocaravanistas ha logrado desarrollar su labor y sacar adelante dos iniciativas parlamentarias por asentimiento general, por lo tanto, su trabajo y su gestión ha sido de rotundo éxito y el futuro de este proyecto no depende ya de ella, que hasta ahora ha formado parte del poder legislativo, sino del poder ejecutivo que es  el que tiene la responsabilidad de desarrollar la labor.

Para desarrollar esta labor, el poder ejecutivo, en este caso el Ministerio del Interior, a través del organismo de la DGT y su departamento de Seguridad Vial, a requerimiento del Gobierno, crea y convoca unos grupos de trabajo, llamados GT. como en nuestro caso el denominado GT 53, pero en esto no estamos los autocaravanistas solos, también están otros colectivos, como el de las motos, ciclistas o peatones etc. que también han seguido y superado los cauces que nosotros hemos seguido, o lo que es lo mismo Las Cortes Generales y el poder Legislativo y también disponen de su propio GT....para trabajar en él, porque, como se puede comprender, no se deben de mezclar en una misma mesa los problemas de las motos, los autocaravanistas, los ciclistas, los peatones etc. porque estos son diversos y distintos y no nos entenderíamos nunca.

En este caso y para dar respuesta a la orden o demanda del legislativo, la Dgt, conforme a sus competencias, comienza el trabajo convocando a la participación en los distintos GT. a los representantes o personas de los colectivos, que ellos consideran que están implicados en la reforma y que les pueden aportar los argumentos, documentos o información necesaria que consideran  adecuada  para desarrollar su labor.

De nada nos sirve creernos nosotros que somos representantes de algo, si después quien tiene que considerar esto, llamándonos para colaborar con ellos, no lo hace. La administración y los políticos necesitan personas que sean capaces de colaborar con ellos y aportarles lo que necesitan para desarrollar su labor o función pública, si estos son representantes de un colectivo legalmente constituido sería lo mejor, lo más razonable y lo más conveniente, pero si ellos lo estiman necesario, no necesitan que uno sea representante de nadie para que sea requerida su presencia, porque a pesar de lo que digan algunos mal pensados, que con sus comentarios solo hacen demostrar su profundo desconocimiento de estas cosas, el poder ejecutivo a la hora de desarrollar su labor NO ACTUA POR AMIGUISMO, porque esto va contra de su propio interés y responsabilidad y sería un "suicidio" para ellos. Actúa porque saben de sobra que cualquier persona con su DNI, si lo que esta persona pueda aportar es lo que necesitan, está perfectamente reconocido por nuestra Constitución como una persona autorizada a todos los efectos ante la administración y  por ello puede reclamar ante  ésta o los políticos, en defensa de sus legítimos intereses lo que sea, si esto se ajusta a derecho y por supuesto que también puede colaborar con estos, si es requerido para ello y ambos están de acuerdo.

Una vez desarrollado el trabajo de los GT.  y a la vista de la realidad de las distintas problemáticas, como el caso que nos asiste, los responsables de la DGT, plasman en una publicación las conclusiones a las que han llegado en los GT. cuyos grupos de trabajo quedan clausurados.

Clausura del GT 53 Autocaravanas

Estudio de los Ciclistas

Estudio de las Motos

Estudio de los Petones

Estudio de los Autocaravanistas

Una vez desarrollada, tanto desde el poder legislativo como desde el ejecutivo,  toda la compleja y costosa labor que requiere esto, el material empleado para ello y las conclusiones del mismo, queda en manos de los departamentos jurídicos, como en este caso, el departamento de Normativa y Recursos de la DGT. que son los responsables de estudiar esto y darle forma legislativa al proceso y con ello presentarlo a la mesa del Consejo de Ministros para su aprobación o no y así poder cumplir con el mandato de Las Cortes Generales.

Por lo tanto, después del trabajo desarrollado durante algunos años, sacadas las conclusiones de éste, si los profesionales que lo han estudiado y resumido en un borrador para la reforma del RGC. han estimado que en materia legislativa es lo que se puede hacer, creo que hay pocas posibilidades de que se cambie algo de este. En todo caso y después de aprobado por el Consejo de Ministros, antes de la publicación en el Boletín Oficial del Estado, existe un plazo para presentar alegación, pero estas según tengo entendido, solo son admitidas aquellas que se demuestren como de duplicidad o invasión de competencias con otras leyes de igual rango.

A la vista de esta situación, los autocaravanistas tendríamos que plantearnos muy seriamente, que igual en algunos de los planteamientos que estamos haciendo por ahí a la ligera sobre los contenidos del borrador sin el necesario conocimiento, pueden estar equivocados o simplemente no llevamos razón, planteandonos tambien que aqui no es solo lo que nosotros pensemos o queremos, si no lo que tambien piensan otros que estan mucho más preparados que nosotros en esta materia y lo que realmente se puede o no hacer.

El asunto que nos atañe a los autocaravanistas con la reforma del RGC, para dar respuesta a alguna de nuestras demandas y necesidades aprobadas en Las Cortes Generales. La compleja reforma del RGC, como hemos podido ver y demostrar, no solo nos afecta a nosotros, también hay otros colectivos de usuarios que están afectados y que la citada reforma quiere dar cobertura a estos también, ya que es evidente que el RGC al igual que otros Reglamentos o leyes del Estado, si no es con carácter de urgencia o primera necesidad, no se deben estar reformando todos los meses o años y sí cada ciertos períodos de tiempo, o sea, cada 8 o 10 años, depende de las necesidades, propuestas, demandas o de la evolución  de la sociedad de nuestro país, como se está haciendo en este caso, ya que el RGC, para casos no prioritarios, no se había planteado la reforma desde el año 2003 y es en este momento y a la vista de las iniciativas promovidas y con el trabajo desarrollado por estas, cuando el poder ejecutivo ha considerado o estimado presentar el borrador de la reforma del RGC, y ahora deberá de ser el Consejo de Ministros, después de la aprobación de las Cortes Generales quien lo apruebe o no.

Esta complejidad de funcionamiento de la maquinaria de la política y el Estado, hacen comprensible o evidencian,  que para conseguir que se plasmen en un borrador algunas reformas legislativas que promueve y necesitan los cambios que nuestra sociedad requiere, como el que ahora nos contempla, a veces hacen falta varios años o varias legislaturas para ello, pero lo que sí es seguro, que una vez seguidos los pasos correspondientes y puesto esto en marcha, la finalización del proyecto es imparable y desde mi punto de vista poco o nada modificable ya que está de sobra estudiada por verdaderos expertos en la materia y no por legos de esta.

Para terminar  comentar, que según mi información, después de hacer público por alguien el borrador de trabajo para la reforma del RGC, en contra de las recomendaciones de discreción de la DGT., no es muy recomendable lo que están haciendo algunos dirigentes asociativos nacionales, con el envió de escritos y llamadas a la DGT. sin, por lo visto, tener en cuenta, que si antes de salir a la luz el citado borrador de trabajo, estos no han contado con ellos, por algo será. No es muy recomendable que si la DGT, en su momento, por lo que sea, no ha contado con ellos, que se les continúe "dando la vara", porque lo único que conseguirán con sus aptitudes es que estos se reafirmen cada vez más en lo que piensan, y esto de verdad que no nos beneficia en nada, ya que en el futuro es posible que de alguna manera los necesitemos o tenemos que seguir contando con ellos.

Por mi experiencia en estos años os comento, por si esta le puede ser de utilidad a alguien, que algunas de las personas con las que se están poniendo en contacto o pretenden ponerse, son verdaderos expertos y con experiencia suficiente en mantenerse horas y horas al teléfono, en el cara a cara o por el correo electrónico, con la mayor educación y respeto sin comentar absolutamente nada que les comprometa o les implique, por lo que cuando alguien mantiene algún tipo de contacto con ellos, normalmente casi siempre suele salir contento, pero despues y con el tiempo cuando vea como reaccionan estos, es posible que lleve algun desengaño..
 
Por otra parte, en mi opinión, no hay cosa que más le moleste a un administrador público, que cualquier persona salida de no se sabe donde, sin conocer las dificultades que estos tienen para desarrollar la complicada labor de la función pública, les dé lecciones o consejos, de como, cuando y en donde tienen que aplicar sus tareas de la función pública.

Pedro Ansorena.