Reunion en el Senado con responsables ministeriales y la senadora Ana María Chacón, durante el trabajo de la moción del Senado del año 2006.
Una nueva Mesa Nacional de Trabajo
El pasado 10 de octubre se celebró en Morata de Tajuña (Madrid) un encuentro de asociaciones y clubes de autocaravanistas, convocado con la intención de impulsar una Mesa Nacional de Trabajo que permitiera coordinar esfuerzos y establecer una representación común ante las administraciones.
La iniciativa, en principio, me parece positiva. Siempre he considerado que la colaboración entre asociaciones puede contribuir a mejorar la defensa de los derechos de los autocaravanistas.
Sin embargo, su puesta en marcha no ha estado exenta de dificultades. Algunas de las asociaciones que participaron en el encuentro decidieron finalmente no incorporarse al proyecto, mientras que otras organizaciones de ámbito nacional y territorial tampoco forman parte de él.
Según el comunicado oficial de noviembre de 2026, la Mesa ya está constituida y cuenta con la participación de ACA Lábaro, AGA, CAPA, Gente Rutera AC, Club Mobilvetta España y la Federación G3A, integrada por ocho asociaciones. Su coordinación inicial corresponde al Club Mobilvetta España.
Aunque todavía existen ausencias importantes, la iniciativa reúne a entidades de diferentes territorios y constituye una base sobre la que comenzar a trabajar.
Me parece acertado que, según sus promotores, no se pretenda crear una organización por encima de las asociaciones participantes, sino un espacio de colaboración que respete su identidad e independencia.
Quizá sea preferible comenzar con un grupo reducido de asociaciones dispuestas a trabajar conjuntamente que intentar reunir a muchas organizaciones incapaces de alcanzar acuerdos.
Lo importante será comprobar qué son capaces de hacer.
Los problemas del asociacionismo vienen de lejos
Quienes llevamos más de veinte años relacionados con las reivindicaciones del autocaravanismo sabemos que las dificultades para conseguir una representación coordinada no son nuevas.
Durante este tiempo hemos conocido diferentes asociaciones, plataformas, personas independientes y grupos de trabajo que, con mayor o menor fortuna, intentaron unir esfuerzos. Algunas iniciativas consiguieron avances importantes; otras terminaron desapareciendo o perdieron buena parte de su capacidad de actuación.
Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de la antigua Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas (FEAA), donde, entre otras circunstancias, las diferencias de peso asociativo y representación entre sus integrantes contribuyeron, desde mi experiencia y punto de vista, a dificultar su funcionamiento.
Cuando una asociación cuenta con muchos más socios y recursos económicos que las demás, puede surgir la pretensión de disponer también de mayor capacidad de decisión.
Y ahí aparece uno de los problemas fundamentales: la unión de asociaciones no debería convertirse en una competición por determinar quién tiene más poder, sino en un instrumento para alcanzar objetivos compartidos.
En demasiadas ocasiones parece que importa más el quién que el qué.
Una actividad de ocio, poca implicación y dificultades para encontrar representantes
Hay una circunstancia que, en mi opinión, explica buena parte de las dificultades del asociacionismo autocaravanista: estamos hablando fundamentalmente de una actividad de ocio.
Quienes compramos una autocaravana lo hacemos para viajar, conocer lugares, disfrutar de nuestro tiempo libre y ejercer nuestra libertad de movimiento.
A diferencia de otras organizaciones reivindicativas, donde pueden estar en juego el salario, las condiciones laborales o el futuro profesional, en nuestro colectivo la mayoría de los usuarios no percibe una necesidad inmediata de implicarse personalmente.
Deseamos que alguien defienda nuestros derechos cuando aparecen restricciones, prohibiciones o sanciones que consideramos injustas, pero somos relativamente pocos quienes estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo a esa tarea.
Esta circunstancia tiene una consecuencia importante: muchas asociaciones encuentran verdaderas dificultades para renovar sus juntas directivas.
Y conviene recordar que, cuando se produce un relevo, no cambian únicamente las personas. También pueden cambiar las ideas, las prioridades y las formas de trabajar.
Por falta de implicación, en ocasiones las responsabilidades terminan recayendo en personas que aceptan desempeñar un cargo por buena voluntad, pero que no necesariamente disponen de un programa de trabajo, conocimientos suficientes o propuestas concretas.
No cuestiono su dedicación, que en muchos casos es completamente desinteresada y merece reconocimiento.
Pero representar a un colectivo ante una administración exige algo más que buena voluntad: preparación, conocimiento de los problemas, capacidad para formular propuestas y disposición para trabajar conjuntamente.
A ello se añade otra dificultad que he podido observar durante estos años.
En las asociaciones reivindicativas suelen surgir discrepancias y conflictos internos que terminan desanimando a quienes podrían realizar aportaciones importantes.
A veces, las personas que muestran iniciativa, presentan propuestas o dedican más tiempo al trabajo asociativo son acusadas de buscar protagonismo.
Naturalmente, existen dirigentes personalistas que pretenden imponer sus criterios, pero también personas con capacidad e iniciativa que simplemente desean contribuir a resolver problemas. Y no deberíamos confundir unas cosas con otras.
Cuando una asociación no sabe distinguir entre el afán de protagonismo y la capacidad de liderazgo, corre el riesgo de perder a quienes podrían ayudarla a avanzar.
Al fin y al cabo, quien ha comprado una autocaravana para disfrutar de sus viajes puede terminar preguntándose por qué debe dedicar su tiempo libre a soportar discusiones y enfrentamientos personales.
Y sencillamente se aparta.
Así se pierde experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo.
Morata de Tajuña: una oportunidad para reflexionar
Por las informaciones que he recibido de personas que participaron en el encuentro de Morata de Tajuña, buena parte de aquella reunión estuvo condicionada por antiguas discrepancias entre representantes de diferentes asociaciones.
También surgieron desacuerdos importantes sobre la participación de asociaciones que incluyen a usuarios de caravanas, la contratación de una asesoría jurídica común y la conveniencia de constituir una nueva entidad con personalidad jurídica propia.
Según algunos asistentes con quienes he tenido ocasión de conversar, fueron muy pocos los representantes que aprovecharon sus intervenciones para formular propuestas concretas.
No pretendo juzgar una reunión a la que no asistí personalmente, pero estos testimonios me llevan a reflexionar sobre la preparación con la que se acude a encuentros que pretenden definir el futuro de nuestras reivindicaciones.
Porque una cosa es representar formalmente a una asociación y otra muy distinta disponer de ideas y propuestas para defender los intereses de sus asociados.
Si queremos que una Mesa Nacional resulte útil, lo primero debería ser identificar los problemas, estudiar sus causas y establecer objetivos compartidos.
El pasado no es un obstáculo para avanzar
Otra cuestión que me preocupa es la facilidad con la que, en ocasiones, se consideran anticuados los planteamientos de quienes participamos en las primeras reivindicaciones del autocaravanismo.
Es evidente que la realidad de 2026 no es la misma que la de principios de siglo. Ha aumentado el número de autocaravanas, han cambiado las formas de viajar, han aparecido nuevos problemas y también se ha modificado el marco normativo.
Todo ello exige adaptar nuestras estrategias, pero no significa necesariamente abandonar los principios que inspiraron aquellas reivindicaciones.
En los primeros años tuvimos que explicar a numerosos responsables políticos y de las administraciones que una autocaravana era, ante todo, un vehículo, y que las áreas de servicio que proponíamos tenían como finalidad facilitar la movilidad, no establecer recintos donde confinar a sus usuarios.
Aquellas reivindicaciones, junto con otras iniciativas posteriores, contribuyeron a impulsar actuaciones parlamentarias en las Cortes Generales y la creación del Grupo de Trabajo GT-53, de cuyos trabajos surgieron importantes documentos administrativos.
Hoy disponemos de un marco normativo distinto, incluida la regulación del estacionamiento incorporada al artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación.
Por tanto, conviene recordar cómo llegamos hasta aquí.
La experiencia no garantiza tener siempre razón, pero ignorarla tampoco ayuda a encontrar mejores soluciones.
No se trata de vivir mirando al pasado, sino de conocerlo para evitar repetir sus errores.
Las nuevas generaciones de representantes tienen todo el derecho a aportar ideas diferentes, pero también deberían conocer las razones que llevaron a defender determinados planteamientos, los resultados obtenidos y, especialmente, los aciertos y errores cometidos durante aquel recorrido.
El progreso no consiste en sustituir unas ideas por otras simplemente porque sean más recientes, sino en contrastarlas y comprobar cuáles responden mejor a los problemas actuales.
De las reuniones institucionales a una defensa jurídica común
Durante estos años he tenido ocasión de participar en diferentes iniciativas y de analizar numerosas actuaciones de las administraciones.
Recientemente, a petición del G3A, preparé una valoración estratégica de la videoconferencia que mantuvimos sus representantes y yo, el 11 de febrero de 2026, con Francisco de las Alas, responsable de la Subdirección de Normativa de la DGT, con quien ya había trabajado durante aproximadamente un año en el GT-53.
Sobre aquel encuentro publiqué también el artículo Una reunión veinte años después.
En aquel análisis planteaba una cuestión que considero fundamental:
¿Queremos limitarnos a ser interlocutores a quienes las administraciones reciben y escuchan, o aspiramos a disponer de capacidad real para influir en sus decisiones?
Porque mantener una reunión con un responsable administrativo no significa necesariamente haber conseguido un avance.
Es necesario estudiar las respuestas recibidas, identificar los compromisos concretos, interpretar las dificultades y preparar las actuaciones posteriores.
Y para ello hacen falta conocimientos, documentación, propuestas y una estrategia compartida.
Precisamente por eso, si tuviera que señalar una de las prioridades de la nueva Mesa Nacional, sería la creación de un instrumento común de defensa jurídica.
Las restricciones municipales al estacionamiento de autocaravanas, las ordenanzas que establecen tratamientos diferenciados y los conflictos entre las normativas de tráfico, turismo y medio ambiente requieren respuestas jurídicamente fundamentadas.
No basta con disponer de asesorías que resuelvan los problemas particulares de cada asociación.
Considero necesario estudiar la contratación de un despacho especializado en derecho administrativo y contencioso-administrativo, con experiencia acreditada en procedimientos ante las instancias judiciales superiores, incluido el Tribunal Supremo.
Un equipo capaz de coordinar criterios, estudiar ordenanzas y preparar los recursos que resulten procedentes.
Naturalmente, esto exige financiación y acuerdos entre asociaciones con diferentes tamaños y recursos económicos.
Mi propuesta sería sencilla:
Una asociación, un voto, independientemente de su número de socios o de su aportación económica.
Las contribuciones al fondo común podrían establecerse proporcionalmente a las posibilidades de cada entidad, mientras que aquellas que realizaran mayores aportaciones podrían asumir responsabilidades y portavocías relevantes, siempre sometidas a los acuerdos colectivos.
De esta manera se reconocería su esfuerzo sin convertir la capacidad económica en poder de imposición.
La experiencia de anteriores organizaciones debería servirnos para evitar repetir los mismos errores.
Una Mesa Nacional que debe demostrar su utilidad
La nueva Mesa Nacional ha comenzado su andadura con importantes ausencias, pero también con una declaración de principios que considero positiva: respetar la independencia de las asociaciones, compartir experiencias y trabajar conjuntamente cuando existan objetivos comunes.
Sin embargo, los comunicados publicados hasta ahora no concretan cuáles serán sus prioridades, qué estrategia seguirá para alcanzarlas ni cómo se financiarán las actuaciones comunes.
Son cuestiones fundamentales que deberán resolverse para pasar de las declaraciones de intenciones a los resultados.
No se trata de exigir a una Mesa recién constituida que tenga todas las respuestas desde el primer día, sino de señalar la importancia de definir sus próximos pasos.
Las asociaciones participantes no necesitan estar de acuerdo en todo ni renunciar a su identidad. Lo que necesitan es establecer unas pocas prioridades compartidas, comprometer recursos y asumir responsabilidades concretas.
Quizá los primeros resultados sirvan para incorporar posteriormente a otras asociaciones que hoy permanecen fuera del proyecto.
En cualquier caso, convendría evitar que esta nueva iniciativa terminara convirtiéndose en otra organización más, dedicada principalmente a discutir cuestiones internas de representación.
Después de más de veinte años siguiendo de cerca la evolución del asociacionismo autocaravanista, sigo considerando que la unión puede ser un instrumento importante para defender nuestros derechos.
Pero la unión, por sí sola, no garantiza nada.
No basta con reunir asociaciones, elegir representantes o publicar comunicados. Hay que estudiar los problemas, formular propuestas, compartir responsabilidades y conseguir resultados.
Ojalá esta nueva Mesa Nacional sea capaz de hacerlo.
Porque el futuro del autocaravanismo español no dependerá tanto de quién se siente alrededor de una mesa como de las ideas que aporte, el trabajo que esté dispuesto a realizar y los resultados que consiga.
Y para avanzar hacia ese futuro, convendría no olvidar las enseñanzas del pasado.
Pedro Ansorena Antón.
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