"La crisis económica financiera en la que estamos inmersos ha devenido en crisis social si entendemos por esta aquella situación que se caracteriza por el empobrecimiento y la desprotección de la mayoría de la población y que tiene como consecuencia la fractura de la cohesión social y la exclusión.
En efecto, las políticas promovidas desde las instituciones europeas y seguidas, unas veces de forma resignada y otras con verdadera devoción, por los últimos gobiernos nos están llevando al desastre social. El determinismo con el que se ha planteado la política de austeridad, sin dar una oportunidad a las políticas de crecimiento, nos está hundiendo más en la crisis hasta el punto de que Alemania está viendo cómo su actividad económica se ralentiza y países como Francia e Italia, además de España, entran nuevamente en recesión. Grecia, Irlanda y Portugal no están hoy mejor que hace dos años, a pesar del inmenso sufrimiento al que se ha sometido a sus ciudadanos.
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección; el empobrecimiento de la mayoría de la población; la nula equidad de las medidas que se vienen adoptando; el ver cómo los ricos y poderosos salen de rositas así como la forma en que las medidas se deciden están alimentando un profundo sentimiento de injusticia e indignación entre la ciudadanía que se traduce en animadversión hacia quienes desde la atalaya del poder deciden aplicarlas. Sentimientos que se extienden al conjunto de las instituciones con un serio riesgo de desafección democrática creciente, como de alguna manera ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS.
Las medidas aplicadas para enfrentar la crisis económica están generando una crisis social y la forma en que se están haciendo las cosas desde las instancias de poder está llevando a una crisis política de la que ahora solo conocemos su proyección estadística pero que puede tener expresiones más dramáticas e indeseables, como la Historia se ha encargado de enseñarnos.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en cómo las instituciones y formaciones políticas se relacionan con los ciudadanos.
La prepotencia, la falta de diálogo o la manera de transmitir la información son cuestiones que no pasan desapercibidas a la ciudadanía, que tiene la madurez suficiente para reaccionar cuando considera que desde el poder se la desprecia o pretende tratar como estúpida, que es lo que ha sucedido recientemente con la manera en que el Gobierno presentó el “rescate” bancario. O cómo cuando se entera por la prensa internacional de la preparación de un nuevo “rescate” que, como el anterior, tampoco estará condicionado pero que terminará pagando y padeciendo el conjunto de la población.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre las medidas que se han tomado después.
El PP ganó legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no constaba ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco aparecieron en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha preguntado por qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han negado sistemáticamente.
El Gobierno no puede escudarse en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque los ciudadanos queremos que se supere la crisis, sí, pero también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué nos supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo....
Así las cosas, se entenderá que amplios sectores de la sociedad consideremos que estamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato” electoral establecido entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a consideración de la misma.
No estamos planteando nada estrafalario, pese a algunas opiniones, simplemente estamos recurriendo a la Constitución española que en su artículo 92.1 establece literalmente: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Tenemos precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que además no había figurado en su programa electoral.
Volvemos a estar ante “decisiones políticas de especial trascendencia” pues pueden cambiar drásticamente el cuadro de derechos en España. Si a esto le añadimos que estas medidas las sufrimos todos pero nadie ha podido opinar sobre ellas, se entenderá que pidamos que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis".
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras y Cándido Méndez, de la UGT.
Fuente de información:
http://elpais.com/elpais/2012/08/12/opinion/1344797544_146077.html
El deterioro al que están siendo sometidos los derechos sociales y laborales y las redes de protección; el empobrecimiento de la mayoría de la población; la nula equidad de las medidas que se vienen adoptando; el ver cómo los ricos y poderosos salen de rositas así como la forma en que las medidas se deciden están alimentando un profundo sentimiento de injusticia e indignación entre la ciudadanía que se traduce en animadversión hacia quienes desde la atalaya del poder deciden aplicarlas. Sentimientos que se extienden al conjunto de las instituciones con un serio riesgo de desafección democrática creciente, como de alguna manera ha quedado reflejado en la última encuesta del CIS.
Las medidas aplicadas para enfrentar la crisis económica están generando una crisis social y la forma en que se están haciendo las cosas desde las instancias de poder está llevando a una crisis política de la que ahora solo conocemos su proyección estadística pero que puede tener expresiones más dramáticas e indeseables, como la Historia se ha encargado de enseñarnos.
Parte de la desafección que siente la ciudadanía hacia las instituciones democráticas se justifica por la distancia que se percibe entre lo que los representantes políticos dicen cuando están en campaña electoral y lo que hacen cuando llegan al poder, en cómo se ejerce la actividad política y en cómo las instituciones y formaciones políticas se relacionan con los ciudadanos.
La prepotencia, la falta de diálogo o la manera de transmitir la información son cuestiones que no pasan desapercibidas a la ciudadanía, que tiene la madurez suficiente para reaccionar cuando considera que desde el poder se la desprecia o pretende tratar como estúpida, que es lo que ha sucedido recientemente con la manera en que el Gobierno presentó el “rescate” bancario. O cómo cuando se entera por la prensa internacional de la preparación de un nuevo “rescate” que, como el anterior, tampoco estará condicionado pero que terminará pagando y padeciendo el conjunto de la población.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre las medidas que se han tomado después.
El PP ganó legítimamente las elecciones generales con un programa en el que no constaba ninguna de las principales medidas que se están aplicando. Tampoco aparecieron en el debate de investidura e, incluso después, cuando se les ha preguntado por qué aplican las medidas que sufrimos en la actualidad las han negado sistemáticamente.
El Gobierno no puede escudarse en el argumento de que los ciudadanos les votaron para superar la crisis y que las medidas que ahora aplica van en esa dirección. Porque los ciudadanos queremos que se supere la crisis, sí, pero también queremos y tenemos derecho a saber cómo se hará, qué nos supondrá en nuestras condiciones y expectativas de vida y si los esfuerzos a realizar se practicarán de forma equilibrada.
El 20 de noviembre nadie pudo pronunciarse sobre el abaratamiento del despido, sobre la individualización de las relaciones laborales, sobre los recortes en educación y sanidad, sobre el incremento de los impuestos, sobre la reducción de salario y empleo en las administraciones y empresas públicas, sobre los recortes en dependencia, sobre la reducción de las prestaciones por desempleo....
Así las cosas, se entenderá que amplios sectores de la sociedad consideremos que estamos ante un flagrante incumplimiento del “contrato” electoral establecido entre el PP y la sociedad española, que solo puede resolverse democráticamente si el programa de gobierno que desconocíamos y que ahora padecemos se somete a consideración de la misma.
No estamos planteando nada estrafalario, pese a algunas opiniones, simplemente estamos recurriendo a la Constitución española que en su artículo 92.1 establece literalmente: “Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos”.
Tenemos precedentes. En la década de los ochenta el Gobierno socialista, pese a contar con una mayoría absoluta de 202 diputados, sometió a referéndum la entrada de España en la OTAN. Se trataba entonces, como ahora, de una decisión política de especial trascendencia que además no había figurado en su programa electoral.
Volvemos a estar ante “decisiones políticas de especial trascendencia” pues pueden cambiar drásticamente el cuadro de derechos en España. Si a esto le añadimos que estas medidas las sufrimos todos pero nadie ha podido opinar sobre ellas, se entenderá que pidamos que el Gobierno convoque un referéndum para que la ciudadanía pueda expresar libremente su opinión sobre si este es el camino a seguir para superar la crisis".
Ignacio Fernández Toxo es secretario general de Comisiones Obreras y Cándido Méndez, de la UGT.
Fuente de información:
http://elpais.com/elpais/2012/08/12/opinion/1344797544_146077.html
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