Canarias, Territorio, planificación y convivencia.
Desde hace años, mi mujer y yo disfrutamos de los inviernos en las Islas Canarias, especialmente en el sur de Tenerife. Esa experiencia prolongada nos ha permitido conocer el archipiélago no solo como visitantes, sino como observadores atentos de una realidad que, a quien la vive desde dentro, no puede dejarle indiferente: la enorme presencia de autocaravanas en las islas.
Se calcula que en el archipiélago circulan más de 11.000 autocaravanas. Puede parecer una cifra asumible si la comparamos con territorios continentales, pero adquiere otra dimensión cuando recordamos que Canarias apenas supera los 7.400 km² de superficie repartidos en varias islas.
La densidad territorial, la fragmentación insular y la concentración de población y actividad económica en determinadas zonas convierten ese número en algo especialmente significativo.
Viajes por donde viajes —Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote o Fuerteventura— la presencia de autocaravanas es constante.
La mayoría pertenecen a familias canarias que utilizan estos vehículos como fórmula de ocio y convivencia en fines de semana y periodos vacacionales. También hay peninsulares y europeos atraídos por el clima privilegiado del archipiélago. Y, cada vez más, encontramos trabajadores del sector turístico que, ante los elevados precios del alquiler residencial, recurren a furgonetas, caravanas y autocaravanas como solución habitacional.
Este último fenómeno introduce un elemento nuevo que no podemos ignorar.
Un modelo distinto al europeo.
En la Europa continental el autocaravanismo es, esencialmente, una actividad viajera. El desplazamiento es su esencia. El vehículo recorre cientos o miles de kilómetros y encuentra en su camino una red extensa de áreas públicas, campings y puntos de servicio que facilitan la movilidad.
En Canarias, sin embargo, el esquema cambia radicalmente.
- Aquí los desplazamientos son necesariamente cortos.
- No existe tránsito internacional rodado.
- No hay grandes rutas de largo recorrido.
- El autocaravanismo insular es, en gran medida, de carácter local y familiar.
- Se repiten zonas, se frecuentan espacios conocidos y la convivencia entre usuarios adquiere más peso que el concepto clásico de viajero itinerante.
Y, sin embargo, Canarias apenas dispone de campings, zonas de acampada habilitadas o puntos ecológicos de servicio suficientes.
Esta carencia estructural diferencia profundamente el problema canario del peninsular o europeo.
El derecho a estacionar no agota el debate.
Quienes llevamos décadas defendiendo el derecho de las autocaravanas a estacionar como cualquier otro vehículo sabemos bien que el conflicto jurídico en la península y en buena parte de Europa ha girado en torno a esa cuestión: estacionamiento frente a acampada.
Ese derecho no es una concesión, sino una consecuencia del propio ordenamiento jurídico. El Reglamento General de Circulación, aprobado por el Gobierno de España mediante el Real Decreto 1428/2003, no distingue entre tipos de vehículos a la hora de estacionar correctamente, siempre que no se desarrollen conductas que excedan la mera parada o estacionamiento.
Esta interpretación fue además reforzada por la Instrucción 08/V-74 y, más recientemente, por la PROT 2023/14 de la Dirección General de Tráfico.
Pero en Canarias el debate no puede reducirse únicamente a eso.
El aparcamiento es una cuestión vinculada a la normativa de tráfico. Sin embargo, la planificación de campings, áreas de estancia y espacios regulados de acampada es competencia turística y territorial.
En el caso canario, dicha regulación se encuadra dentro de las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma y desarrolladas por el Gobierno de Canarias y los respectivos Cabildos insulares.
Si más de 11.000 vehículos carecen de infraestructuras adecuadas, el conflicto no es solo normativo: es estructural.
Los riesgos de la ausencia de planificación.
Cuando un fenómeno crece sin planificación suficiente, surgen inevitablemente tensiones:
- Saturación de determinados espacios costeros.
- Conflictos vecinales.
- Reacciones municipales restrictivas.
- Estigmatización del colectivo.
- Medidas prohibitivas indiscriminadas.
No debe olvidarse que gran parte del territorio insular está sometido a importantes figuras de protección ambiental, lo que añade complejidad a cualquier improvisación normativa.
Ignorar esta realidad no ayuda al colectivo. Tampoco ayuda a las instituciones.
¿Necesita Canarias un modelo propio?.
Mi reflexión personal, tras años observando la evolución del fenómeno, es que Canarias necesita un enfoque específico.
No se trata de renunciar al derecho al estacionamiento como vehículo —que debe respetarse— sino de asumir que la singularidad insular exige medidas complementarias:
- Una red insular coordinada de áreas públicas básicas.
- Puntos ecológicos de servicio suficientes y distribuidos racionalmente.
- Regulación clara que distinga el uso recreacional o turístico del uso residencial.
- Coordinación efectiva entre Gobierno autonómico y Cabildos.
- A la hora de regular o planificar, contar con la participación activa de las asociaciones como interlocutores responsables.
El modelo reivindicativo que históricamente ha funcionado en la península puede no ser suficiente en el archipiélago. Aquí el reto no es solo jurídico; es territorial y social.
Una reflexión desde dentro.
Como autocaravanista activo, me siento parte de esta realidad. Disfruto de las islas, de su clima y de la convivencia que este modo de vida facilita. Una convivencia que veo disfrutar también a muchas familias canarias gracias a sus vehículos.
Pero precisamente por ello creo que debemos abordar el fenómeno con serenidad y perspectiva.
Canarias no es un territorio más. Su dimensión geográfica, su estructura económica y su densidad de uso hacen que el autocaravanismo allí tenga características propias.
Si queremos que esta modalidad de ocio, tiempo libre y, en algunos casos, de habitación evolucione de forma ordenada y sostenible, quizás debamos aceptar que el enfoque también deba ser diferente.
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