Cúllar-Baza (Granada), 2004. Inauguración del área de autocaravanas. Una imagen de los primeros años de colaboración con las administraciones para crear infraestructuras destinadas a facilitar la movilidad y el turismo itinerante.
Autocaravanas en la costa norte: entre la regulación y la prohibición.
En las dos primeras entregas de esta serie hemos reflexionado sobre el crecimiento del autocaravanismo, las dificultades que su presencia puede ocasionar en determinados municipios de la costa norte y las diferentes medidas que algunas administraciones vienen adoptando para regular su estacionamiento.
Hemos visto ejemplos de prohibiciones, limitaciones de peso, barreras de altura y restricciones a la pernocta que, aunque responden a circunstancias municipales diferentes, presentan ciertas semejanzas.
No podemos afirmar que estas decisiones obedezcan a una estrategia común ni que unos ayuntamientos estén copiando necesariamente las medidas de otros. Pero sí podemos preguntarnos si determinadas fórmulas restrictivas están terminando por convertirse en respuestas habituales ante la presencia de autocaravanas en pueblos o ciudades.
Y, sobre todo, si esas medidas responden siempre a problemas suficientemente justificados o si, en ocasiones, se recurre a la prohibición antes de estudiar otras alternativas.
Una cuestión que viene de lejos
En abril de 2004, durante una ponencia que presenté en Olmedo (Valladolid) sobre la situación del autocaravanismo en España, ya señalábamos algunas de las dificultades que encontrábamos quienes habíamos elegido esta forma de viajar.
Entre ellas figuraban el desconocimiento de la actividad por parte de algunas administraciones y sectores de la sociedad, la confusión entre estacionamiento y acampada y la consideración de los campings como destino prácticamente obligado para las autocaravanas.
También defendíamos la necesidad de reconocer estos vehículos dentro de la normativa de circulación, crear instalaciones adecuadas para sus servicios y fomentar entre los usuarios un comportamiento responsable.
Han pasado veintidós años.
El autocaravanismo ha experimentado un crecimiento considerable, los vehículos han evolucionado y disponemos de un marco normativo mucho más desarrollado.
Sin embargo, algunas de las dificultades que identificábamos entonces continúan apareciendo en el debate sobre el estacionamiento, aunque ahora se manifiesten mediante señales de prohibición, límites de peso, gálibos o restricciones a la permanencia de estos vehículos en determinados espacios.
Esto no significa que todas las limitaciones actuales sean injustificadas. Significa que merece la pena examinar qué problemas pretenden resolver y si existen otras soluciones compatibles con las necesidades municipales y los derechos de los viajeros.
El destino del viajero, una cuestión fundamental
Hay una circunstancia que, a mi juicio, no siempre se tiene suficientemente en cuenta cuando se adoptan medidas que afectan al estacionamiento de autocaravanas.
Quienes utilizamos estos vehículos somos, ante todo, viajeros.
La autocaravana es un vehículo que ha evolucionado para proporcionarnos movilidad y alojamiento, pero nuestra finalidad no consiste en desplazarnos de un aparcamiento a otro.
Viajamos porque tenemos un destino que deseamos conocer.
Ese destino puede ser una playa, un paraje natural, un casco histórico, un museo o cualquier otro lugar de interés.
Como sucede con quienes viajan en automóvil, pretendemos aproximarnos razonablemente al lugar que queremos visitar.
Naturalmente, somos conscientes de que las dimensiones, el peso o las características de nuestros vehículos pueden impedirnos acceder a determinados espacios. No reclamamos estacionar donde no esté permitido ni ocupar lugares inadecuados.
También conviene recordar que numerosos destinos turísticos disponen de espacios de estacionamiento para autobuses, vehículos cuyas dimensiones son generalmente superiores a las de una autocaravana. Esta circunstancia invita a preguntarse si, cuando resulta necesario, se contemplan alternativas adecuadas para otros vehículos utilizados por los viajeros.
Pero cuando esas circunstancias impiden llegar directamente al destino, deberían contemplarse, siempre que resulte posible, alternativas razonables de estacionamiento, próximas a los lugares de interés o conectadas mediante transporte público.
Una restricción puede estar justificada por razones de seguridad, circulación, protección ambiental o capacidad del espacio disponible.
Lo que resulta discutible es que la condición de autocaravana se convierta, por sí sola, en motivo suficiente para dificultar el acceso de sus ocupantes a determinados destinos.
La libertad de viajar no depende únicamente de poder circular por las carreteras, sino también de disponer de posibilidades razonables para detenernos y visitar los lugares que motivan nuestros desplazamientos.
Cuando las soluciones restrictivas se repiten
En el artículo anterior examinábamos diferentes ejemplos de restricciones municipales.
En Santander hemos conocido distintas generaciones de señales que afectan al estacionamiento de autocaravanas, desde prohibiciones expresas hasta limitaciones por peso con diferentes excepciones.
En San Vicente de la Barquera encontramos restricciones vinculadas a espacios costeros, algunas relacionadas con la protección ambiental y otras con la ordenación de los aparcamientos próximos a las playas.
En Asturias observamos medidas de naturaleza diferente, como las limitaciones de estacionamiento o pernocta en determinadas localidades y la instalación de gálibos en parte del aparcamiento de El Molinón, en Gijón.
Cada caso tiene sus particularidades y debe examinarse conforme a ellas.
Pero existe un aspecto común que merece atención: la utilización de instrumentos que, en la práctica, pueden dificultar o impedir el estacionamiento de determinados vehículos.
No es lo mismo limitar el acceso a una calle estrecha por razones de seguridad que impedir estacionar una autocaravana en un aparcamiento donde sus dimensiones no ocasionan dificultades.
Tampoco es equivalente prohibir una actividad que perjudica un espacio natural protegido que restringir el estacionamiento ordinario de un vehículo correctamente aparcado.
La diferencia está en las circunstancias y en la justificación de cada medida.
Por eso conviene preguntarse si, antes de adoptar una restricción, se han valorado suficientemente el problema existente, las alternativas disponibles y las consecuencias para quienes utilizan esos espacios.
Porque cuando una determinada solución se repite sin examinar las particularidades de cada lugar, existe el riesgo de que la excepción termine convirtiéndose en una práctica habitual.
Los prejuicios que todavía acompañan al autocaravanismo
A las dificultades relacionadas con el estacionamiento se añade, en ocasiones, una percepción social que tampoco favorece la presencia de autocaravanas.
Hay quienes consideran que las autocaravanas ocupan plazas que podrían utilizar los automóviles, olvidando que también son vehículos sujetos a las correspondientes obligaciones fiscales y que sus ocupantes, como los demás ciudadanos, tienen derechos y deberes en la utilización del espacio público.
También existe la percepción de que, al disponer de cocina, frigorífico y alojamiento, sus ocupantes apenas contribuyen a la economía de los municipios que visitan.
Es una interpretación que siempre me ha parecido poco razonable.
También quienes se alojan en apartamentos turísticos o segundas residencias disponen de esas instalaciones, sin que por ello se considere que necesariamente dejan de consumir en los establecimientos de la localidad.
Para contrarrestar esa imagen, algunas asociaciones de autocaravanistas han recurrido durante sus encuentros a recoger los tiques de compra de los participantes, con la intención de demostrar a los ayuntamientos cuánto dinero gastan.
Comprendo la buena intención de estas iniciativas, pero personalmente nunca he compartido ese planteamiento.
Hace muchos años escribí en una página de este mismo blog una reflexión que sigo manteniendo:
«El gasto siempre es una consecuencia, no una obligación de la que tengamos que dar cuenta».
Ningún visitante debería tener que presentar sus facturas para justificar que merece conocer una localidad.
Los autocaravanistas realizamos gastos, como cualquier otro viajero. También hemos efectuado una inversión importante en la adquisición y mantenimiento de nuestros vehículos.
Pero considero que ni siquiera esos argumentos deberían resultar necesarios para defender nuestra presencia.
La calidad de un visitante no debería medirse exclusivamente por el precio del vehículo que utiliza ni por la cantidad de dinero que gasta durante su estancia.
También se manifiesta en su comportamiento, en el respeto al entorno y en la convivencia con quienes habitan los lugares que visita.
La movilidad no debería depender de la rentabilidad económica
En abril de 2007 tuve ocasión de presentar en Roma, durante la quinta edición de Roma, Città del Plein Air, una ponencia preparada por la senadora Ana María Chacón Carretero, que no pudo asistir al encuentro.
En ella explicábamos las iniciativas que se estaban desarrollando en España después de la aprobación por unanimidad de la Moción del Senado de mayo de 2006, que había impulsado la creación del Grupo de Trabajo GT-53.
Entre las cuestiones que defendíamos figuraban el reconocimiento de la autocaravana como vehículo, la necesidad de distinguir entre estacionamiento y acampada y la creación de infraestructuras adecuadas para facilitar los desplazamientos.
Pero también planteábamos que los beneficios económicos o empresariales de esta actividad no debían anteponerse a los derechos de movilidad de los ciudadanos.
Aquella reflexión sigue teniendo interés.
El turismo en autocaravana puede aportar actividad económica a los lugares que visita, pero también favorece el conocimiento del territorio, el intercambio cultural, las relaciones humanas y el bienestar de quienes lo practican.
Son beneficios que no siempre aparecen reflejados en las estadísticas de consumo.
No se trata de reclamar privilegios ni de ignorar las necesidades de los municipios, sino de recordar que el viajero es algo más que un consumidor.
Y que la regulación del estacionamiento debe responder a las necesidades propias de la utilización del espacio público, sin convertir la supuesta rentabilidad económica de sus ocupantes en el criterio que determine dónde pueden estar presentes.
Cuando una restricción desplaza el problema
Otra cuestión que conviene considerar es el efecto que pueden producir determinadas medidas.
En ocasiones, una prohibición consigue que las autocaravanas desaparezcan de un aparcamiento concreto, pero no necesariamente resuelve las circunstancias que motivaron su instalación.
Los vehículos pueden desplazarse a calles próximas, aparcamientos contiguos u otros espacios donde todavía esté permitido estacionar.
El ejemplo de El Molinón, en Gijón, que comentábamos en la segunda entrega, resulta ilustrativo de esa posibilidad.
Si una restricción únicamente traslada los vehículos de un lugar a otro, cabe preguntarse si realmente mejora la convivencia o si simplemente desplaza la situación hacia otro espacio.
Además, cuando las limitaciones se acumulan en diferentes municipios, sus consecuencias pueden ir más allá de cada prohibición individual.
Un viajero puede encontrar dificultades para aproximarse a una playa, visitar un casco histórico o estacionar en las proximidades de un lugar de interés, aunque su única intención sea realizar una visita y continuar después su recorrido.
No se trata de negar que puedan existir razones para limitar el estacionamiento en determinados lugares.
Se trata de evitar que las restricciones se conviertan en una respuesta automática ante la presencia de autocaravanas.
Regular para convivir, no para excluir
Desde los primeros años de nuestras reivindicaciones hemos defendido que el autocaravanismo debe practicarse con responsabilidad.
Ya en la ponencia de Olmedo de 2004 señalábamos la importancia de divulgar entre los usuarios un código ético de conducta y de disponer de instalaciones adecuadas para la gestión de los residuos.
Esa responsabilidad continúa siendo necesaria.
Los comportamientos inadecuados, la ocupación indebida de espacios, los vertidos o cualquier otra actuación contraria a las normas deben corregirse mediante las medidas legalmente previstas.
Las administraciones disponen de instrumentos de vigilancia y sanción para actuar frente a estas conductas, sin que corresponda a las asociaciones ni al conjunto de los autocaravanistas asumir las funciones que son propias de la autoridad competente.
Pero tampoco parece razonable que las conductas incorrectas de algunos usuarios sirvan, por sí solas, para justificar restricciones generales que afecten indiscriminadamente a quienes utilizan correctamente sus vehículos.
La convivencia exige obligaciones, pero también respeto a los derechos de todos.
Las administraciones tienen la responsabilidad de ordenar el espacio público, proteger el entorno y garantizar la seguridad. Y quienes viajamos en autocaravana debemos cumplir las normas que regulan su utilización.
Ambas responsabilidades son compatibles.
Regular debería significar encontrar soluciones proporcionadas a problemas reales, no convertir la presencia de determinados vehículos en un problema por el mero hecho de serlo.
Una cuestión que nos conduce al siguiente debate
Durante más de veinte años hemos defendido la creación de áreas de servicio para autocaravanas como una forma de facilitar la movilidad, proporcionar instalaciones adecuadas y mejorar la convivencia con los municipios.
Aquellas primeras iniciativas pretendían ofrecer soluciones a unas necesidades que apenas estaban contempladas por las administraciones.
Sin embargo, cuando el estacionamiento ordinario comienza a restringirse en diferentes espacios, las áreas específicas pueden adquirir una función distinta de aquella para la que inicialmente fueron concebidas.
Lo que nació como un servicio complementario puede terminar convirtiéndose, en determinados municipios, en la única alternativa práctica para estacionar una autocaravana.
Y entonces surge una pregunta que merece una reflexión independiente:
¿Estamos creando áreas para facilitar la movilidad de los viajeros o estamos utilizando su existencia para justificar que las autocaravanas no puedan estacionar en otros lugares donde legalmente podrían hacerlo?
Esta será la cuestión que abordaré en la próxima entrega de la serie.
Pedro Ansorena.
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