domingo, 15 de noviembre de 2026

El asociacionismo autocaravanista español: entre los personalismos y la necesidad de avanzar.

Reunion en el Senado con responsables ministeriales y la senadora Ana María Chacón, durante el trabajo de la moción del Senado del año 2006.

Una nueva Mesa Nacional de Trabajo

El pasado 10 de octubre se celebró en Morata de Tajuña (Madrid) un encuentro de asociaciones y clubes de autocaravanistas, convocado con la intención de impulsar una Mesa Nacional de Trabajo que permitiera coordinar esfuerzos y establecer una representación común ante las administraciones.

La iniciativa, en principio, me parece positiva. Siempre he considerado que la colaboración entre asociaciones puede contribuir a mejorar la defensa de los derechos de los autocaravanistas.

Sin embargo, su puesta en marcha no ha estado exenta de dificultades. Algunas de las asociaciones que participaron en el encuentro decidieron finalmente no incorporarse al proyecto, mientras que otras organizaciones de ámbito nacional y territorial tampoco forman parte de él.

Según el comunicado oficial de noviembre de 2026, la Mesa ya está constituida y cuenta con la participación de ACA Lábaro, AGA, CAPA, Gente Rutera AC, Club Mobilvetta España y la Federación G3A, integrada por ocho asociaciones. Su coordinación inicial corresponde al Club Mobilvetta España.

Aunque todavía existen ausencias importantes, la iniciativa reúne a entidades de diferentes territorios y constituye una base sobre la que comenzar a trabajar.

Me parece acertado que, según sus promotores, no se pretenda crear una organización por encima de las asociaciones participantes, sino un espacio de colaboración que respete su identidad e independencia.

Quizá sea preferible comenzar con un grupo reducido de asociaciones dispuestas a trabajar conjuntamente que intentar reunir a muchas organizaciones incapaces de alcanzar acuerdos.

Lo importante será comprobar qué son capaces de hacer.

Los problemas del asociacionismo vienen de lejos

Quienes llevamos más de veinte años relacionados con las reivindicaciones del autocaravanismo sabemos que las dificultades para conseguir una representación coordinada no son nuevas.

Durante este tiempo hemos conocido diferentes asociaciones, plataformas, personas independientes y grupos de trabajo que, con mayor o menor fortuna, intentaron unir esfuerzos. Algunas iniciativas consiguieron avances importantes; otras terminaron desapareciendo o perdieron buena parte de su capacidad de actuación.

Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de la antigua Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas (FEAA), donde, entre otras circunstancias, las diferencias de peso asociativo y representación entre sus integrantes contribuyeron, desde mi experiencia y punto de vista, a dificultar su funcionamiento.

Cuando una asociación cuenta con muchos más socios y recursos económicos que las demás, puede surgir la pretensión de disponer también de mayor capacidad de decisión.

Y ahí aparece uno de los problemas fundamentales: la unión de asociaciones no debería convertirse en una competición por determinar quién tiene más poder, sino en un instrumento para alcanzar objetivos compartidos.

En demasiadas ocasiones parece que importa más el quién que el qué.

Una actividad de ocio, poca implicación y dificultades para encontrar representantes

Hay una circunstancia que, en mi opinión, explica buena parte de las dificultades del asociacionismo autocaravanista: estamos hablando fundamentalmente de una actividad de ocio.

Quienes compramos una autocaravana lo hacemos para viajar, conocer lugares, disfrutar de nuestro tiempo libre y ejercer nuestra libertad de movimiento.

A diferencia de otras organizaciones reivindicativas, donde pueden estar en juego el salario, las condiciones laborales o el futuro profesional, en nuestro colectivo la mayoría de los usuarios no percibe una necesidad inmediata de implicarse personalmente.

Deseamos que alguien defienda nuestros derechos cuando aparecen restricciones, prohibiciones o sanciones que consideramos injustas, pero somos relativamente pocos quienes estamos dispuestos a dedicar nuestro tiempo a esa tarea.

Esta circunstancia tiene una consecuencia importante: muchas asociaciones encuentran verdaderas dificultades para renovar sus juntas directivas.

Y conviene recordar que, cuando se produce un relevo, no cambian únicamente las personas. También pueden cambiar las ideas, las prioridades y las formas de trabajar.

Por falta de implicación, en ocasiones las responsabilidades terminan recayendo en personas que aceptan desempeñar un cargo por buena voluntad, pero que no necesariamente disponen de un programa de trabajo, conocimientos suficientes o propuestas concretas.

No cuestiono su dedicación, que en muchos casos es completamente desinteresada y merece reconocimiento.

Pero representar a un colectivo ante una administración exige algo más que buena voluntad: preparación, conocimiento de los problemas, capacidad para formular propuestas y disposición para trabajar conjuntamente.

A ello se añade otra dificultad que he podido observar durante estos años.

En las asociaciones reivindicativas suelen surgir discrepancias y conflictos internos que terminan desanimando a quienes podrían realizar aportaciones importantes.

A veces, las personas que muestran iniciativa, presentan propuestas o dedican más tiempo al trabajo asociativo son acusadas de buscar protagonismo.

Naturalmente, existen dirigentes personalistas que pretenden imponer sus criterios, pero también personas con capacidad e iniciativa que simplemente desean contribuir a resolver problemas. Y no deberíamos confundir unas cosas con otras.

Cuando una asociación no sabe distinguir entre el afán de protagonismo y la capacidad de liderazgo, corre el riesgo de perder a quienes podrían ayudarla a avanzar.

Al fin y al cabo, quien ha comprado una autocaravana para disfrutar de sus viajes puede terminar preguntándose por qué debe dedicar su tiempo libre a soportar discusiones y enfrentamientos personales.

Y sencillamente se aparta.

Así se pierde experiencia, conocimiento y capacidad de trabajo.

Morata de Tajuña: una oportunidad para reflexionar

Por las informaciones que he recibido de personas que participaron en el encuentro de Morata de Tajuña, buena parte de aquella reunión estuvo condicionada por antiguas discrepancias entre representantes de diferentes asociaciones.

También surgieron desacuerdos importantes sobre la participación de asociaciones que incluyen a usuarios de caravanas, la contratación de una asesoría jurídica común y la conveniencia de constituir una nueva entidad con personalidad jurídica propia.

Según algunos asistentes con quienes he tenido ocasión de conversar, fueron muy pocos los representantes que aprovecharon sus intervenciones para formular propuestas concretas.

No pretendo juzgar una reunión a la que no asistí personalmente, pero estos testimonios me llevan a reflexionar sobre la preparación con la que se acude a encuentros que pretenden definir el futuro de nuestras reivindicaciones.

Porque una cosa es representar formalmente a una asociación y otra muy distinta disponer de ideas y propuestas para defender los intereses de sus asociados.

Si queremos que una Mesa Nacional resulte útil, lo primero debería ser identificar los problemas, estudiar sus causas y establecer objetivos compartidos.

El pasado no es un obstáculo para avanzar

Otra cuestión que me preocupa es la facilidad con la que, en ocasiones, se consideran anticuados los planteamientos de quienes participamos en las primeras reivindicaciones del autocaravanismo.

Es evidente que la realidad de 2026 no es la misma que la de principios de siglo. Ha aumentado el número de autocaravanas, han cambiado las formas de viajar, han aparecido nuevos problemas y también se ha modificado el marco normativo.

Todo ello exige adaptar nuestras estrategias, pero no significa necesariamente abandonar los principios que inspiraron aquellas reivindicaciones.

En los primeros años tuvimos que explicar a numerosos responsables políticos y de las administraciones que una autocaravana era, ante todo, un vehículo, y que las áreas de servicio que proponíamos tenían como finalidad facilitar la movilidad, no establecer recintos donde confinar a sus usuarios.

Aquellas reivindicaciones, junto con otras iniciativas posteriores, contribuyeron a impulsar actuaciones parlamentarias en las Cortes Generales y la creación del Grupo de Trabajo GT-53, de cuyos trabajos surgieron importantes documentos administrativos.

Hoy disponemos de un marco normativo distinto, incluida la regulación del estacionamiento incorporada al artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación.

Por tanto, conviene recordar cómo llegamos hasta aquí.

La experiencia no garantiza tener siempre razón, pero ignorarla tampoco ayuda a encontrar mejores soluciones.

No se trata de vivir mirando al pasado, sino de conocerlo para evitar repetir sus errores.

Las nuevas generaciones de representantes tienen todo el derecho a aportar ideas diferentes, pero también deberían conocer las razones que llevaron a defender determinados planteamientos, los resultados obtenidos y, especialmente, los aciertos y errores cometidos durante aquel recorrido.

El progreso no consiste en sustituir unas ideas por otras simplemente porque sean más recientes, sino en contrastarlas y comprobar cuáles responden mejor a los problemas actuales.

De las reuniones institucionales a una defensa jurídica común

Durante estos años he tenido ocasión de participar en diferentes iniciativas y de analizar numerosas actuaciones de las administraciones.

Recientemente, a petición del G3A, preparé una valoración estratégica de la videoconferencia que mantuvimos sus representantes y yo, el 11 de febrero de 2026, con Francisco de las Alas, responsable de la Subdirección de Normativa de la DGT, con quien ya había trabajado durante aproximadamente un año en el GT-53.

Sobre aquel encuentro publiqué también el artículo Una reunión veinte años después.

En aquel análisis planteaba una cuestión que considero fundamental:

¿Queremos limitarnos a ser interlocutores a quienes las administraciones reciben y escuchan, o aspiramos a disponer de capacidad real para influir en sus decisiones?

Porque mantener una reunión con un responsable administrativo no significa necesariamente haber conseguido un avance.

Es necesario estudiar las respuestas recibidas, identificar los compromisos concretos, interpretar las dificultades y preparar las actuaciones posteriores.

Y para ello hacen falta conocimientos, documentación, propuestas y una estrategia compartida.

Precisamente por eso, si tuviera que señalar una de las prioridades de la nueva Mesa Nacional, sería la creación de un instrumento común de defensa jurídica.

Las restricciones municipales al estacionamiento de autocaravanas, las ordenanzas que establecen tratamientos diferenciados y los conflictos entre las normativas de tráfico, turismo y medio ambiente requieren respuestas jurídicamente fundamentadas.

No basta con disponer de asesorías que resuelvan los problemas particulares de cada asociación.

Considero necesario estudiar la contratación de un despacho especializado en derecho administrativo y contencioso-administrativo, con experiencia acreditada en procedimientos ante las instancias judiciales superiores, incluido el Tribunal Supremo.

Un equipo capaz de coordinar criterios, estudiar ordenanzas y preparar los recursos que resulten procedentes.

Naturalmente, esto exige financiación y acuerdos entre asociaciones con diferentes tamaños y recursos económicos.

Mi propuesta sería sencilla:

Una asociación, un voto, independientemente de su número de socios o de su aportación económica.

Las contribuciones al fondo común podrían establecerse proporcionalmente a las posibilidades de cada entidad, mientras que aquellas que realizaran mayores aportaciones podrían asumir responsabilidades y portavocías relevantes, siempre sometidas a los acuerdos colectivos.

De esta manera se reconocería su esfuerzo sin convertir la capacidad económica en poder de imposición.

La experiencia de anteriores organizaciones debería servirnos para evitar repetir los mismos errores.

Una Mesa Nacional que debe demostrar su utilidad

La nueva Mesa Nacional ha comenzado su andadura con importantes ausencias, pero también con una declaración de principios que considero positiva: respetar la independencia de las asociaciones, compartir experiencias y trabajar conjuntamente cuando existan objetivos comunes.

Sin embargo, los comunicados publicados hasta ahora no concretan cuáles serán sus prioridades, qué estrategia seguirá para alcanzarlas ni cómo se financiarán las actuaciones comunes.

Son cuestiones fundamentales que deberán resolverse para pasar de las declaraciones de intenciones a los resultados.

No se trata de exigir a una Mesa recién constituida que tenga todas las respuestas desde el primer día, sino de señalar la importancia de definir sus próximos pasos.

Las asociaciones participantes no necesitan estar de acuerdo en todo ni renunciar a su identidad. Lo que necesitan es establecer unas pocas prioridades compartidas, comprometer recursos y asumir responsabilidades concretas.

Quizá los primeros resultados sirvan para incorporar posteriormente a otras asociaciones que hoy permanecen fuera del proyecto.

En cualquier caso, convendría evitar que esta nueva iniciativa terminara convirtiéndose en otra organización más, dedicada principalmente a discutir cuestiones internas de representación.

Después de más de veinte años siguiendo de cerca la evolución del asociacionismo autocaravanista, sigo considerando que la unión puede ser un instrumento importante para defender nuestros derechos.

Pero la unión, por sí sola, no garantiza nada.

No basta con reunir asociaciones, elegir representantes o publicar comunicados. Hay que estudiar los problemas, formular propuestas, compartir responsabilidades y conseguir resultados.

Ojalá esta nueva Mesa Nacional sea capaz de hacerlo.

Porque el futuro del autocaravanismo español no dependerá tanto de quién se siente alrededor de una mesa como de las ideas que aporte, el trabajo que esté dispuesto a realizar y los resultados que consiga.

Y para avanzar hacia ese futuro, convendría no olvidar las enseñanzas del pasado.

Pedro Ansorena Antón.

viernes, 13 de noviembre de 2026

Autocaravanas y caravanas: cuando compartir reivindicaciones puede complicar las soluciones.


Autocaravanas y caravanas, dos vehículos para viajar con necesidades diferentes.

Una reflexión sobre las diferencias entre ambos vehículos, las áreas de autocaravanas y las consecuencias de intentar equiparar situaciones que no son necesariamente iguales.

Durante más de veinte años he participado en iniciativas encaminadas a conseguir que las administraciones públicas comprendieran y reconocieran las particularidades de las autocaravanas como vehículos destinados tanto al transporte como al alojamiento de sus ocupantes.

No ha sido un camino sencillo. Quienes vivimos aquellos primeros años recordamos las dificultades para explicar a numerosos responsables políticos y de las administraciones del Estado que estacionar una autocaravana no significaba necesariamente acampar y que la creación de áreas de servicio debía facilitar nuestra movilidad, no limitarla.

Hoy, después de tantos años de trabajo y de importantes avances normativos, observo con preocupación nuevas reivindicaciones que pretenden agrupar a las autocaravanas y las caravanas bajo la denominación genérica de «vehículos vivienda», pese a que las autocaravanas cuentan desde hace años con una identidad propia, reconocida tanto en la normativa como en las iniciativas y debates de las Cortes Generales.

Quiero dejar claro, desde el principio, que esta reflexión no pretende cuestionar los legítimos derechos de los caravanistas ni enfrentar a quienes disfrutamos de distintas modalidades de turismo itinerante.

Pero considero necesario plantear una pregunta: ¿estamos contribuyendo a facilitar la movilidad de ambos colectivos o corremos el riesgo de complicar todavía más una situación que tanto ha costado mejorar?

Lo que reivindicábamos entonces

Cuando comenzaron las iniciativas que desembocaron en la moción del Senado de 2006 y posteriormente en el Grupo de Trabajo GT-53 de la Dirección General de Tráfico, el objetivo estaba claramente definido: abordar los problemas específicos que encontrábamos los usuarios de autocaravanas para estacionar y circular por España.

Durante aquellos trabajos, en los que tuve oportunidad de participar, nunca se planteó equiparar el estacionamiento de las caravanas al de las autocaravanas. No se trataba de excluir a nadie, sino de resolver unos problemas concretos.

Uno de nuestros principales argumentos era que una autocaravana correctamente estacionada no debía recibir un tratamiento diferente del resto de los vehículos por el simple hecho de disponer de un habitáculo acondicionado como vivienda.

Aquel planteamiento contribuyó a establecer una distinción fundamental entre estacionamiento y acampada, posteriormente recogida en las instrucciones de la DGT y, más recientemente, en el artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación.

Por eso considero importante recordar el origen y la finalidad de aquellas reivindicaciones antes de intentar ampliarlas a otros supuestos.

Dos vehículos para viajar con necesidades diferentes

Una autocaravana es un vehículo automóvil que puede estacionarse y reanudar la marcha sin necesidad de acoplar otro vehículo. Una caravana, en cambio, es un remolque acondicionado para vivienda que necesita un vehículo tractor para desplazarse.

Esta diferencia adquiere especial importancia cuando hablamos de estacionamiento urbano.

Si en muchos municipios todavía encontramos dificultades para estacionar una autocaravana de aproximadamente siete metros, imaginemos las que pueden surgir cuando se pretende utilizar esos mismos espacios con conjuntos formados por un automóvil y una caravana que pueden superar los diez metros.

También existe la posibilidad de desenganchar la caravana y utilizar el automóvil para otros desplazamientos, dejando el remolque estacionado de forma independiente.

No afirmo que desenganchar una caravana esté siempre prohibido, pero esa situación plantea particularidades de seguridad, inmovilización y ocupación del espacio que deben tenerse en cuenta.

Una plaza concebida para una autocaravana no tiene necesariamente las dimensiones, los accesos ni las condiciones adecuadas para todas esas situaciones.

Las patas estabilizadoras y la legislación vigente

Otro asunto que está generando interpretaciones contradictorias es la utilización de las patas estabilizadoras, también conocidas como gatos, de las caravanas.

En las redes sociales encontramos opiniones de todo tipo. Algunos consideran que pueden bajarse cuando la caravana está desenganchada, mientras que otros entienden que su utilización puede constituir una actividad diferente del simple estacionamiento.

Conviene acudir a la legislación.

Desde el 1 de octubre de 2026, el artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación establece, para las autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda, tres condiciones: no extender elementos que desborden el perímetro del vehículo, descansar únicamente sobre los neumáticos —con posibilidad de utilizar calzos o cuñas de seguridad— y no verter fluidos procedentes del habitáculo.

La propia DGT, en sus instrucciones anteriores sobre autocaravanas, ya había diferenciado los calzos de seguridad de los dispositivos de nivelación y los soportes de estabilización.

Sin embargo, considero necesario aclarar cómo debe aplicarse el artículo 92.4 a una caravana desenganchada y si sus patas estabilizadoras pueden equipararse a elementos de seguridad o constituyen apoyos diferentes de los admitidos por el reglamento.

Con el actual reglamento en vigor sería conveniente disponer de un pronunciamiento específico de la DGT sobre esta cuestión y, si resultase necesario, promover una aclaración expresa en el propio Reglamento General de Circulación, sobre todo del alcance y aplicación del artículo 92.4 a las caravanas, para evitar interpretaciones contradictorias. Por otra parte, en Europa no conozco ningún modelo que en sus reivindicaciones incluya caravanas y autocaravanas en el que nos podamos fijar como referencia.

Mientras tanto, me parece arriesgado transmitir a los usuarios que pueden bajar las patas de sus caravanas en cualquier estacionamiento público sin mayores consideraciones, incluso cuando una ordenanza municipal lo permita, sin comprobar previamente su compatibilidad con la normativa de rango superior.

Una interpretación favorable no equivale necesariamente a una autorización general.

Estacionamiento y acampada

La distinción entre estacionamiento y acampada ha sido uno de los pilares de nuestras reivindicaciones. Pero conviene recordar que, mientras el estacionamiento se regula fundamentalmente por la legislación de tráfico, la acampada puede quedar sometida a normas turísticas, medioambientales y de protección de determinados espacios.

Un ejemplo lo encontramos en la Ley de Costas y en su Reglamento General, que establecen prohibiciones específicas para las acampadas en el ámbito del dominio público marítimo-terrestre.

También resulta ilustrativa la Ley 13/2016 de Turismo del País Vasco. Su artículo 67 distingue la acampada libre de la pernoctación en una autocaravana correctamente estacionada en un área urbana. Y su artículo 71 regula las áreas especiales de acogida para autocaravanas, excluyendo expresamente las caravanas de esa modalidad de alojamiento turístico.

Son disposiciones de ámbitos diferentes, pero ponen de manifiesto la necesidad de distinguir las situaciones antes de pretender equipararlas.

No toda caravana desenganchada está necesariamente acampada, ni toda utilización de sus patas estabilizadoras puede calificarse automáticamente de la misma manera en cualquier lugar.

Precisamente por ello considero necesaria una aclaración normativa que proporcione seguridad jurídica a los usuarios.

Las áreas de autocaravanas: compartir servicios no significa compartir estacionamientos

Durante los primeros años de nuestras reivindicaciones trabajamos para convencer a distintos ayuntamientos de la conveniencia de crear áreas de servicio para autocaravanas.

Aquellas instalaciones surgieron para facilitar el abastecimiento de agua, el vaciado de depósitos y, cuando procedía, el estacionamiento temporal. Su finalidad era complementar nuestra libertad de circulación y estacionamiento, no sustituirla.

Considero razonable que determinados puntos de abastecimiento o vaciado puedan ser utilizados también por caravanas, siempre que las instalaciones sean adecuadas para las maniobras del conjunto formado por el vehículo tractor y el remolque, y sus normas lo permitan.

Pero una cosa es compartir un servicio y otra modificar las condiciones de utilización de un estacionamiento concebido para autocaravanas, identificado en muchos casos mediante señalización específica.

Una instalación con plazas dimensionadas para autocaravanas puede no resultar adecuada para conjuntos de automóvil y caravana. Y admitir caravanas desenganchadas puede plantear necesidades distintas de las previstas originalmente.

Esto no significa que los caravanistas no deban disponer de instalaciones apropiadas, sino que la solución no tiene por qué consistir en transformar las áreas de autocaravanas en estacionamientos indiferenciados para cualquier vehículo acondicionado como vivienda.

En determinados lugares podrán existir espacios compartidos perfectamente viables. En otros será necesario diferenciar plazas, servicios o condiciones de utilización.

Lo importante es que las decisiones respondan a las características reales de las instalaciones.

La señal S-128 y una confusión que conviene evitar

La señal S-128 tiene una historia estrechamente vinculada a nuestras reivindicaciones. Ya figuraba entre las propuestas de señalización recogidas en los trabajos del GT-53 sobre movilidad en autocaravana, como parte de la necesidad de identificar los puntos ecológicos destinados al servicio de las autocaravanas.

Después de muchos años, el Real Decreto 465/2025 incorporó oficialmente esta señal al catálogo de señales de circulación, bajo la denominación «Punto de vaciado de caravanas y autocaravanas».

Por tanto, su denominación comprende ambos tipos de vehículos, pero su función es concreta: indicar la existencia de un punto de vaciado de aguas residuales. No constituye por sí misma una autorización general de estacionamiento para caravanas y autocaravanas.

También he observado carteles que sustituyen la representación gráfica oficial por dos pictogramas diferenciados, uno de autocaravana y otro de caravana, acompañados de inscripciones que presentan conjuntamente ambos vehículos.

Considero que debemos ser especialmente cuidadosos con estas modificaciones. La S-128 tiene un diseño reglamentario establecido en el catálogo oficial y no debería sustituirse por representaciones particulares que puedan confundirse con una señal de circulación homologada.

Una cosa es facilitar información adicional a los usuarios y otra alterar el significado o la representación de una señal reglamentaria.

Después de tantos años trabajando para conseguir una señalización específica, me parece importante preservar su correcta utilización y evitar que se emplee para transmitir derechos de estacionamiento que la propia señal no reconoce.

Las reivindicaciones de los caravanistas y las ordenanzas municipales

En los últimos tiempos estamos observando la intervención de asociaciones que agrupan a usuarios de caravanas, autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda en los debates sobre las ordenanzas municipales.

Reconozco plenamente su derecho a representar los intereses de sus asociados, formular propuestas y presentar alegaciones ante las administraciones.

Mi preocupación no se refiere a esa legitimidad, sino a las consecuencias que puede tener intentar resolver conjuntamente situaciones que presentan diferencias técnicas y jurídicas importantes.

Durante años trabajamos para que las administraciones entendieran que una autocaravana correctamente estacionada debía ser considerada como vehículo y no automáticamente como una instalación de acampada.

Me preocupa que, al incorporar a ese mismo debate situaciones como las caravanas desenganchadas o apoyadas sobre sus patas estabilizadoras, se introduzcan nuevas dificultades de interpretación.

La igualdad de trato no exige ignorar diferencias objetivas.

¿Podemos terminar perjudicándonos mutuamente?

Este es, en realidad, el motivo principal de mi reflexión.

Los autocaravanistas seguimos encontrando restricciones municipales que dificultan el estacionamiento de nuestros vehículos, a pesar de los avances normativos conseguidos.

Si a esta situación añadimos reivindicaciones que abarcan conjuntos de vehículos de mayores dimensiones, remolques desenganchados y elementos de estabilización, podemos complicar todavía más el diálogo con las administraciones.

No afirmo que necesariamente vaya a suceder, pero considero razonable preguntarse si algunos ayuntamientos, ante situaciones diferentes presentadas como un único problema, podrían optar por establecer restricciones generales en lugar de soluciones proporcionadas a cada caso.

Y entonces podríamos encontrarnos con una consecuencia indeseada: que unas reivindicaciones destinadas a ampliar derechos terminasen dificultando el ejercicio de los derechos de ambos colectivos.

Una reflexión final

Los caravanistas tienen pleno derecho a defender sus intereses y solicitar instalaciones y condiciones de estacionamiento adecuadas para sus vehículos.

Los autocaravanistas tenemos también derecho a preservar los avances conseguidos durante muchos años de trabajo y a seguir reclamando que se respete el estacionamiento de nuestras autocaravanas conforme a la normativa vigente.

No veo ninguna razón para que ambas reivindicaciones deban enfrentarse, pero tampoco considero necesario confundirlas.

Podemos compartir servicios, experiencias, destinos e incluso determinados objetivos, sin olvidar que una caravana y una autocaravana son vehículos diferentes y que algunas de sus necesidades requieren soluciones distintas.

Quizá lo más conveniente sea que cada colectivo defienda sus particularidades y que, cuando existan intereses verdaderamente comunes, se trabaje conjuntamente para conseguirlos.

Porque defender derechos diferentes no es discriminar; es reconocer que existen situaciones diferentes.

Y, sobre todo, porque no deberíamos permitir que, después de tantos años intentando facilitar la movilidad de nuestros vehículos, nuevas confusiones terminen complicándola todavía más.

Pedro Ansorena.

miércoles, 11 de noviembre de 2026

Las áreas de autocaravanas: de facilitar la movilidad al riesgo de limitarla.

 

Área de autocaravanas de Lierganes (Cantabria), una de las primeras creadas en España en el año 2003.

Una reflexión sobre el origen de las áreas y la evolución de su finalidad.

Quienes hayan leído mi libro EL AUTOCARAVANISMO EN ESPAÑA (2000–2026) Relato de una experiencia.   conocerán las dificultades que encontramos, a comienzos de este siglo, para convencer a las administraciones de que una autocaravana era, ante todo, un vehículo y que su estacionamiento no debía confundirse con la acampada.

En aquellos años, para muchos ayuntamientos, el lugar natural de una autocaravana era un camping. Por eso comenzamos a promover la creación de áreas específicas, tomando como referencia las experiencias de Francia e Italia y los argumentos jurídicos que habíamos reunido.

Así surgieron las primeras iniciativas en municipios como Teverga, Tui y Liérganes. No pretendíamos crear recintos donde los autocaravanistas estuvieran obligados a permanecer, sino facilitar sus viajes mediante espacios de estacionamiento y servicios para el abastecimiento de agua y la evacuación de residuos.

Las áreas nacieron para facilitar la movilidad, no para sustituir el estacionamiento de las autocaravanas en los lugares donde estuviera permitido.

Aquella reivindicación fue acompañada de otras iniciativas, como la moción del Senado de 2006, los trabajos del GT-53 y la posterior Instrucción 08/V-74 de la DGT, que contribuyeron al reconocimiento de las particularidades de las autocaravanas.

Desde entonces, la red de áreas ha crecido considerablemente. Un avance que debemos reconocer, aunque su evolución también nos invita a reflexionar.

Cuando el área deja de ser una opción

En determinados municipios, las áreas han pasado de ser espacios de servicio y estacionamiento voluntario a convertirse en recintos delimitados, con barreras, tarifas y limitaciones temporales.

Nada hay que objetar, en principio, a que existan instalaciones de pago con servicios complementarios. El problema aparece cuando su creación viene acompañada de prohibiciones o restricciones al estacionamiento de autocaravanas en el resto del municipio.

Entonces, lo que nació para facilitar la movilidad puede terminar utilizándose para condicionarla.

Y cabe preguntarse: ¿de qué sirve haber trabajado durante tantos años por el reconocimiento de la autocaravana como vehículo si, finalmente, para visitar una localidad tenemos que estacionar obligatoriamente en un recinto habilitado para nosotros?

Las nuevas regulaciones y sus consecuencias

En los últimos meses hemos conocido iniciativas normativas que aconsejan prestar atención a esta evolución.

En Canarias, el reciente Decreto 170/2026, de 30 de octubre, publicado en el Boletín Oficial de Canarias del 9 de noviembre, regula los establecimientos turísticos de alojamiento al aire libre, incluidas las áreas de acampada y pernocta de autocaravanas y otros vehículos.

Aunque establece determinadas condiciones para estos establecimientos, entre ellas un límite de 72 horas en las áreas turísticas de pernocta, sus artículos 2.6 y 86 distinguen expresamente entre la actividad turística de acampada y el estacionamiento ordinario de una autocaravana conforme a la normativa de tráfico.

Por tanto, el decreto no establece, por sí mismo, una obligación general de utilizar estos recintos para estacionar o permanecer en el interior de una autocaravana.

También en Asturias se ha aprobado el Decreto 80/2026, de 29 de octubre, sobre autorización de servicios en el litoral, cuyo artículo 32 regula las áreas especiales de acogida de autocaravanas en tránsito, permitiendo la pernocta y la acampada durante un máximo de 48 horas en dichas instalaciones.

Por otra parte, en Toledo hemos conocido una propuesta de nueva regulación municipal. El propio Ayuntamiento publicó la consulta pública previa de su Ordenanza Municipal de Movilidad Sostenible, mientras que las informaciones sobre el borrador apuntan a restricciones del estacionamiento de autocaravanas fuera de determinados espacios autorizados.

Son regulaciones de naturaleza diferente, pero ponen de manifiesto la necesidad de vigilar que la creación de instalaciones específicas no termine justificando restricciones indiscriminadas al estacionamiento.

Y no debemos olvidar que, desde el pasado 1 de octubre, el Real Decreto 518/2026, de 24 de junio, publicado en el BOE, ha incorporado al artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación las condiciones específicas del estacionamiento de las autocaravanas y otros vehículos acondicionados como vivienda.

Los ayuntamientos conservan sus competencias para ordenar el tráfico y el estacionamiento, pero sus restricciones deben ajustarse a la legislación y estar debidamente justificadas.

La existencia de un área de autocaravanas no debería convertirse, por sí sola, en motivo para prohibir su estacionamiento en el resto del municipio.

¿Necesitamos más áreas o más libertad para estacionar?

Después de más de veinte años promoviendo estas instalaciones, quizá convenga reflexionar sobre cuáles son hoy nuestras verdaderas necesidades.

Las áreas siguen siendo útiles, especialmente por los servicios que proporcionan. Pero una cosa es disponer de instalaciones donde abastecernos de agua, vaciar los depósitos o permanecer voluntariamente, y otra muy distinta que nuestra movilidad dependa de ellas.

La experiencia de tantos años viajando en autocaravana me lleva a pensar que quizá necesitamos más puntos de servicio y la posibilidad de estacionar en los lugares que queremos visitar, y no tantos recintos cerrados que, en ocasiones, se encuentran alejados de nuestros destinos.

Quien desee utilizar un área con servicios complementarios debe poder hacerlo. Y quien únicamente necesite estacionar para visitar una localidad o descansar debería poder utilizar los espacios públicos donde su vehículo tenga permitido hacerlo.

No son opciones incompatibles.

Una reflexión final

Cuando comenzamos a promover las primeras áreas de autocaravanas, lo hicimos para facilitar una actividad itinerante que encontraba numerosos obstáculos.

Nunca pretendimos que aquellas instalaciones terminaran convirtiéndose en lugares de utilización obligatoria ni que su existencia sirviera para limitar el estacionamiento en otros espacios.

Sería una contradicción que, después de tantos años reivindicando el reconocimiento de la autocaravana como vehículo, los servicios que ayudamos a crear acabasen condicionando su movilidad.

Por eso conviene recordar algo que nunca debimos perder de vista:

Las áreas de autocaravanas deben estar al servicio de la movilidad de las autocaravanas, y no la movilidad de las autocaravanas al servicio de las áreas.

Pedro Ansorena.

martes, 27 de octubre de 2026

Quinta y última entrega: El artículo 92.4 y las ordenanzas municipales. ¿Qué debe cambiar ahora?

 

Autocaravanas en la costa norte: entre la regulación y la prohibición.

A lo largo de las cuatro entregas anteriores hemos examinado diferentes situaciones que afectan al estacionamiento de autocaravanas en municipios de la costa norte.

Hemos conocido restricciones de acceso, limitaciones horarias, prohibiciones de pernocta y la instalación de gálibos que impiden la entrada de determinados vehículos a espacios públicos.

También hemos reflexionado sobre las posibilidades de defensa que ofrece el nuevo escenario normativo.

Para finalizar esta serie quisiera detenerme en una cuestión que considero fundamental: ¿qué consecuencias debería tener la entrada en vigor del artículo 92.4 del Reglamento General de Circulación para las ordenanzas y las decisiones de los ayuntamientos?

No pretendo repetir lo que ya expliqué en el artículo publicado el pasado 29 de junio, titulado «¿Qué cambia realmente para los autocaravanistas a partir del 1 de octubre?».

Ahora me interesa abordar el asunto desde otra perspectiva: las competencias y responsabilidades de las administraciones municipales.

Las competencias municipales y sus límites

La entrada en vigor del artículo 92.4, el pasado 1 de octubre, no significa que los ayuntamientos hayan perdido sus competencias para ordenar el tráfico y el estacionamiento en las vías urbanas.

Estas competencias continúan reconocidas por la legislación de tráfico y de régimen local, así como por el artículo 156 del Reglamento General de Circulación.

Los municipios pueden regular el estacionamiento, establecer limitaciones horarias y adoptar restricciones cuando existan razones que las justifiquen.

Pero esas facultades deben ejercerse respetando el conjunto del ordenamiento jurídico, incluido el nuevo artículo 92.4.

Como ya señalé anteriormente, ambos preceptos deben interpretarse conjuntamente.

Una cosa es tener competencias para ordenar el estacionamiento y otra utilizarlas para excluir determinados vehículos sin una justificación suficiente.

Las medidas preventivas y la responsabilidad municipal

Hay una cuestión que considero importante recordar.

Los ayuntamientos, como administraciones responsables de los espacios públicos de su competencia, no solamente tienen facultades para ordenar el tráfico y el estacionamiento. También deben adoptar las medidas preventivas que resulten exigibles cuando existen riesgos para la seguridad de las personas o los vehículos.

Una calle demasiado estrecha, un puente con limitaciones de carga, un aparcamiento situado en una zona de riesgo o determinadas condiciones del terreno pueden justificar restricciones de acceso o estacionamiento.

En estas circunstancias, la señalización y, cuando resulte necesario, la prohibición son instrumentos legítimos de prevención.

Además, una actuación negligente o la omisión de medidas de seguridad exigibles puede dar lugar a responsabilidad patrimonial de la Administración cuando concurran los requisitos establecidos legalmente.

Por tanto, no debemos cuestionar que los ayuntamientos adopten medidas preventivas. Al contrario, forman parte de sus responsabilidades.

Lo que debemos exigir es que esas medidas respondan a riesgos identificables y suficientemente justificados, y no a la simple voluntad de impedir la presencia de autocaravanas.

Si un aparcamiento presenta problemas de seguridad para vehículos que superan determinada altura, longitud o masa, la restricción deberá fundamentarse en esas circunstancias.

Pero si otros vehículos de características semejantes pueden acceder y estacionar sin limitaciones, mientras se prohíbe hacerlo a las autocaravanas, cabe preguntarse qué justifica esa diferencia.

La condición de vehículo vivienda no constituye, por sí sola, una explicación suficiente de cualquier riesgo que se pretenda evitar.

Las prohibiciones nocturnas y los intereses del sector del camping

Entre las restricciones municipales encontramos una que merece especial atención: la prohibición de estacionar autocaravanas durante determinadas horas de la noche, generalmente entre las 22:00 y las 08:00 horas.

Estas limitaciones plantean una pregunta: ¿qué circunstancias justifican que una autocaravana pueda permanecer estacionada durante el día y no pueda hacerlo durante la noche, mientras otros vehículos continúan utilizando el mismo aparcamiento?

No se trata de negar que puedan existir razones objetivas para establecer limitaciones horarias, sino de conocer sus fundamentos cuando afectan exclusivamente a las autocaravanas.

Hay, además, otro aspecto que no deberíamos pasar por alto: la intervención de los empresarios de camping en el debate sobre la regulación municipal de nuestros vehículos.

En Cantabria tenemos antecedentes documentados.

En agosto de 2019, la Asociación de Empresarios de Campings de Cantabria solicitó públicamente al Ayuntamiento de Santander que comenzara a cobrar por las áreas gratuitas de autocaravanas, mencionando expresamente la del parque de Las Llamas. Su presidente manifestó también que habían mantenido reuniones con el Ayuntamiento sobre esta cuestión.

Los campings de Cantabria solicitan acabar con las áreas gratuitas para autocaravanas. TUR43

Naturalmente, los empresarios de camping tienen derecho a defender sus intereses y trasladar sus propuestas a las administraciones.

Pero conviene distinguir esos intereses comerciales de las razones jurídicas que pueden justificar restricciones del estacionamiento en la vía pública.

Una cosa es regular la actividad turística de los campings y las áreas de servicio, y otra diferente ordenar el estacionamiento de vehículos en los espacios públicos.

En mayo de 2026, el Gobierno de Cantabria aprobó un nuevo decreto de ordenación de los campamentos de turismo y áreas de servicio para autocaravanas, actualizando la regulación de estas instalaciones.

Comunicado del Gobierno de Cantabria sobre el nuevo decreto turístico

Pero la regulación turística de estos establecimientos no convierte automáticamente en actividad de camping el estacionamiento de una autocaravana en una vía pública.

Cuando un vehículo vivienda permanece correctamente estacionado, cumpliendo las condiciones reglamentarias y las demás normas aplicables, la utilización de su interior como alojamiento no debe confundirse, por ese solo hecho, con una ocupación exterior del espacio público.

Por eso, ante una prohibición nocturna dirigida exclusivamente a las autocaravanas, deberíamos preguntarnos si responde a necesidades acreditadas de seguridad u ordenación del estacionamiento, o si pretende impedir que sus ocupantes duerman en el interior.

La hora del día no convierte por sí sola un estacionamiento en una acampada.

Los ayuntamientos deben escuchar a todos los sectores afectados, incluidos los empresarios turísticos y los representantes de los autocaravanistas. Pero sus decisiones deben fundamentarse en el interés general y en las competencias que legalmente les corresponden.

Los intereses comerciales de un sector económico, por legítimos que sean, no pueden sustituir a la justificación jurídica de una restricción municipal.

¿Deben revisar los ayuntamientos sus ordenanzas?

A mi juicio, esta es una de las principales cuestiones que plantea la nueva etapa.

Las ordenanzas municipales aprobadas antes del 1 de octubre no han quedado automáticamente derogadas por la entrada en vigor del artículo 92.4.

Sin embargo, eso tampoco significa que todas sus disposiciones sean necesariamente compatibles con el nuevo marco reglamentario.

Por eso considero que los ayuntamientos que mantienen restricciones específicas para las autocaravanas deberían examinar si sus ordenanzas y criterios de señalización se ajustan a la normativa vigente.

Especialmente cuando esas restricciones se basan en la condición de vehículo vivienda y no en circunstancias objetivas relacionadas con la seguridad o la ordenación del tráfico.

Esta revisión no debería entenderse como una concesión a los autocaravanistas.

Sería, sencillamente, una actuación de buena administración.

Los ayuntamientos no tendrían por qué esperar a que una asociación presentara un recurso o a que un tribunal examinara una determinada prohibición.

Podrían revisar sus propias disposiciones, comprobar sus fundamentos y corregir aquellas medidas que resultaran incompatibles con el ordenamiento jurídico.

De esta manera se evitarían conflictos innecesarios y se ofrecería mayor seguridad jurídica tanto a los usuarios como a los agentes encargados de aplicar las ordenanzas.

Del Boletín Oficial a las calles de nuestros municipios

Durante más de veinte años trabajamos para conseguir que la normativa de circulación reconociera expresamente las condiciones de estacionamiento de las autocaravanas.

Ese reconocimiento ya forma parte del Reglamento General de Circulación.

Pero su verdadero alcance no se conocerá únicamente leyendo el artículo 92.4.

Habrá que observar cómo se aplica en las calles, los aparcamientos y las ordenanzas municipales.

Los ayuntamientos conservan sus competencias para ordenar el tráfico y prevenir situaciones de riesgo. Los autocaravanistas, por nuestra parte, debemos cumplir las normas de estacionamiento y respetar las restricciones legalmente establecidas.

No se trata de reclamar que las autocaravanas puedan estacionar en cualquier lugar.

Se trata de que no sean excluidas de determinados espacios únicamente por su condición de vehículos vivienda, sin una justificación suficiente.

Con esta reflexión termino la serie dedicada a las autocaravanas en la costa norte, aunque los problemas que hemos examinado no sean exclusivos de este territorio.

Durante estas cinco entregas hemos visto distintas formas de regular, limitar y, en ocasiones, impedir la presencia de nuestros vehículos en determinados municipios.

Ahora contamos con una regulación que incorpora al Reglamento General de Circulación una referencia expresa a su estacionamiento.

Queda por comprobar cómo responderán las administraciones municipales a esta nueva realidad.

Porque el verdadero alcance de una norma no se mide solamente por lo que establece el Boletín Oficial del Estado, sino también por la manera en que las administraciones la aplican.

Pedro Ansorena.