El pasado 11 de febrero de 2026, el G3A (Grupo Nacional de Asociaciones Autonómicas de Autocaravanistas) mantuvo una reunión por videoconferencia con la Subdirección de Normativa de la Dirección General de Tráfico, Don Francisco de Las Alas Pumariño.
En calidad de socio de honor colaborador de Acavanza, fui invitado a participar junto con los representantes del grupo.
No era un terreno desconocido.
El autocaravanismo organizado lleva más de dos décadas dialogando con la DGT en distintos foros, incluido el ya histórico Grupo de Trabajo GT-53, surgido tras la moción aprobada en el Senado en 2006. Un espacio en el que también tuve ocasión de colaborar.
Desde entonces, el camino ha sido largo, irregular y no exento de dificultades.
El papel del G3A.
Conviene señalar que el G3A, pese a su reciente creación, ha logrado en un corto espacio de tiempo abrir un canal directo de interlocución con la Subdirección de Normativa de la DGT. Ese es, precisamente, el fundamento de su filosofía: servir de puente entre las asociaciones autonómicas y las administraciones públicas, aportando una visión coordinada y la experiencia acumulada durante años por algunos de sus miembros en el ámbito institucional y normativo.
El objeto de la reunión.
La reunión no tenía un carácter reivindicativo en el sentido clásico.
El objetivo era claro:
- Presentar formalmente el G3A como estructura coordinadora de asociaciones autonómicas.
- Ofrecer colaboración técnica e institucional.
- Analizar la situación normativa de las autocaravanas en el marco del Reglamento General de Circulación.
- Explorar vías de interlocución estable.
El encuentro se desarrolló en un clima institucional correcto y constructivo.
La complejidad competencial.
Uno de los argumentos expuestos fue la concurrencia de competencias en la materia: Estado, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos, medio ambiente, turismo…
Es una realidad jurídica indiscutible.
Ahora bien, también se puso de manifiesto que el objeto de la reunión se centraba exclusivamente en la regulación del vehículo dentro del Reglamento General de Circulación, diferenciándolo de la actividad turística o recreativa asociada.
La circulación y el estacionamiento son materia de tráfico. Pero cuando el debate se desplaza hacia la “actividad autocaravanista” en sentido amplio, el escenario competencial se amplía y se complejiza.
Veinte años y cuatro iniciativas parlamentarias.
Desde 2006 se han aprobado en las Cortes Generales varias iniciativas relativas al tratamiento normativo de las autocaravanas y su actividad.
Sin embargo, casi veinte años después, el Reglamento General de Circulación no incorpora una referencia expresa que sistematice de forma clara la situación jurídica del vehículo autocaravana, más allá de las Instrucciones dictadas por la DGT.
El procedimiento reglamentario es complejo y atraviesa diversas fases institucionales, lo que demuestra que la cuestión no es exclusivamente técnica, sino que se inserta en un equilibrio institucional más amplio.
La nueva Instrucción: oportunidad y límite.
Por parte de normativa se nos informó de que la DGT está trabajando en una nueva Instrucción administrativa sobre la materia.
Este movimiento de la DGT nos indica de que al organismo del Estado la situacion de las autocaravanas, aún con la dificultad, le preocupa. La instrucción aparte de ser una herramienta muy utilizada por la DGT como directriz básica en la formación de las policías encargadas de aplicar la seguridad vial. Se trata de un instrumento más ágil, que permite ordenar criterios internos y aportar seguridad interpretativa, sin tener que pasar por diversas capas del poder político como el Consejo de Ministros.
Pero también tiene límites evidentes: una Instrucción no sustituye a una reforma reglamentaria ni modifica la arquitectura normativa de fondo.
Con todo, constituye una oportunidad inmediata. Y la experiencia demuestra que participar en la fase de elaboración resulta determinante.
El GT-53 y la arquitectura interna de la DGT.
Se planteó también la posible reactivación del antiguo Grupo de Trabajo GT-53.
Pero se nos aclaró que los grupos de trabajo no dependen de la Subdirección de Normativa, sino del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, encargado de impulsar este tipo de estructuras técnicas.
Esto implica que la vía normativa y la vía de los grupos de trabajo son circuitos distintos dentro de la propia DGT.
Señalización municipal y conflictos urbanos.
Por parte de Normativa, también se aclaró que La DGT no dispone de potestad para exigir la retirada de señales municipales, aunque puede emitir informe técnico en caso de procedimiento contencioso.
Por ello debemos de comprender que el núcleo del conflicto se sitúa en el ámbito urbano, donde confluyen competencias locales y sensibilidad política territorial.
¿Qué ha supuesto esta reunión?.
No ha supuesto un cambio estructural inmediato.
No existe calendario de reforma del RGC. No se ha anunciado la reactivación del GT-53. No hay compromisos cerrados.
Pero tampoco ha sido un gesto vacío.
Ha supuesto un reconocimiento mutuo, la constatación de que el problema existe y la confirmación de que el diálogo permanece abierto.
En el ámbito institucional, eso no es irrelevante, nos deja la puerta abierta para seguir trabajando y la ilusión de continuar mejorando.
La cuestión de fondo.
Tras veinte años de recorrido, la cuestión ya no es si debe existir interlocución. La interlocución existe.
La cuestión es otra:
¿Queremos ser un colectivo consultado ocasionalmente… o un actor capaz de influir técnicamente en el resultado normativo?
La diferencia no está en el tono ni en la confrontación.
Está en la capacidad técnica, en la cohesión organizativa y en la estrategia.
La reunión del 11 de febrero no resuelve el problema.
Pero dibuja con nitidez el escenario.
Y conocer el escenario es el primer paso para decidir cómo avanzar.
Pedro Ansorena.
.png)
.png)